El Gobierno de Rajoy ha sufrido un varapalo antológico en el Congreso de los Diputados, que el pasado jueves tumbó el decreto ley promulgado un mes antes para liberalizar el sector de los estibadores del puerto. Es algo insólito que un Gobierno no logre convalidar en el Congreso (sólo se necesita mayoría simple) un decreto ley. Es algo que no ocurría desde 1979. Pero este Gobierno, con sus 137 escaños, tan sólo consiguió hacerse con el apoyo del PNV en el Congreso (¡y qué Gobierno no consigue eso, siempre y cuando se le ofrezca lo suficiente al PNV!) y la abstención de Ciudadanos.
De hecho, Ciudadanos anunció inicialmente que apoyaría el decreto, pero luego rectificó y se quedó en la abstención, al ver que dicho decreto no iba a aprobarse. El Gobierno fiaba sus cálculos a la ausencia de tres diputadas de la oposición que estaban de viaje oficial en Nueva York, y que volvieron a toda prisa para votar a tiempo. Es decir, que el Gobierno sólo ha contado con un socio y medio, y fiaba la convalidación del decreto a una chapucilla parlamentaria. Tres que se ausentan, dos partidos que me apoyan... Las cuentas de la vieja. Al final, el revolcón parlamentario ha sido claro.
El decreto de liberalización de la estiba llegó tarde y mal. Tarde, porque en teoría este decreto ley surge como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que condena a España a pagar una elevada multa diaria (elevada si hablamos en términos absolutos, pero que tampoco es inasumible para un Estado: 27522 € al día, que ahora pueden incrementarse hasta los 137000€). Pero esta sentencia se produjo en diciembre de 2014, momento en el cual el PP disfrutaba de una holgada mayoría absoluta en el Congreso. Desde entonces hasta el verano de 2015 el Gobierno tuvo tiempo más que suficiente para promulgar y aprobar un decreto ley de su agrado, y sin embargo no lo hizo. Durante meses, el Gobierno hizo lo que más le gusta hacer a Rajoy: nada.
Intenta aprobar la ley ahora, más de dos años después, sin contar con los votos suficientes. Y también lo hace mal, y no sólo porque no haya negociado adecuadamente que el decreto contase con apoyos, sino porque da la sensación de que este decreto va más allá de lo exigido por la Unión Europea; que se trata, en suma, de un decreto muy del gusto de la patronal, pero que ni se han molestado en comentar previamente con los trabajadores. Las duras condiciones del decreto ley llevaron a la oposición a cerrarse en banda, y a los estibadores a amenazar con la huelga. Al final, el Gobierno ha hecho el ridículo.
El problema de esta votación, con todo, no es la derrota en sí, sino lo que ésta implica. Ha quedado evidenciada la debilidad parlamentaria de Rajoy, en el supuesto de que la oposición se decida a ejercer su papel de tal (de oposición) y busque poner al Gobierno en dificultades. Si el Gobierno quiere aprobar leyes, tendrá que negociarlas, y habrá de plegarse a las exigencias de los partidos de la oposición. Esos mismos partidos (PSOE y Ciudadanos) que, incomprensiblemente, le regalaron sus votos a Rajoy en la investidura a cambio de nada (PSOE) o de tonterías sin sustancia o que nunca se cumplirán (Ciudadanos), ahora tienen la oportunidad de hacer valer de verdad su apoyo. Que es, además, el mantra que vendieron los partidarios, desde las filas del socialismo, de abstenerse con Rajoy: que en este Congreso de los Diputados sus votos serían muy valiosos y podrían desarrollar políticas progresistas (políticas progresistas lideradas por el Gobierno conservador; ¡lo nunca visto!). Tienen ahora la ocasión de demostrarlo. Rajoy, por su parte, siempre puede consumar su larvada amenaza de ir de nuevo a unas elecciones generales, en la confianza de que éstas le beneficiarían. Pero, tal y como es Rajoy, seguro que prefiere no hacerlo, como Bartleby. No hacer nada, en suma.
