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Julio Monreal

Espiral de conflicto con el valenciano

Propios y extraños andan sorprendidos por los resultados de la asunción del programa de plurilingüismo en los colegios de la Comunitat Valenciana. En las dependencias de la Conselleria de Cultura que dirige Vicent Marzà (Compromís) no se esperaban que más de la mitad de los centros, el 54 % concretamente, optaran por alguna de las dos modalidades de nivel avanzado del reparto horario por idiomas. Y menos en un clima de conflicto como el que se ha instalado en torno al valenciano en la Administración y en la escuela en las últimas semanas.

En el otro lado del arco parlamentario, en el Partido Popular de la recién proclamada lideresa Isabel Bonig, la sorpresa por estos resultados adoptados en los consejos escolares de los centros (siempre por una mayoría cualificada de dos tercios) se modula con el empleo de la palabra chantaje, que es lo que según los populares ha hecho el Govern del Botànic al ofrecer a los padres más inglés a cambio de más valenciano. Algo tienen que haber visto los colegios en el nuevo plan plurilingüe, ya que siete de cada diez han decidido apuntarse a niveles superiores a los que mantenían hasta ahora. Aunque lo visto sea la zanahoria que les ha puesto la Generalitat delante de los ojos.

En resumen, el 54 % de los centros se apuntan a las dos fases del nivel avanzado; el 30 %, a los dos escenarios de la escala intermedia y el 16 % han elegido los dos apartados del grado básico en el reparto de las 22 horas y media de clase a la semana. La distribución territorial para esta nueva ordenación de las asignaturas arroja el resultado previsible. En Castelló, el 83 % de los colegios empezará el curso próximo en la fase avanzada, con tres o cuatro asignaturas en inglés, dos en castellano y cuatro o cinco en valenciano. Esos índices bajan al 55 % en los centros de la provincia de Valencia y al 40 % en la de Alicante, donde algunas organizaciones sociales han decidido salir a la calle para protestar contra el reparto establecido para las asignaturas y los idiomas.

El debate sobre cuáles y cuántas asignaturas deben estudiar los escolares en cada una de las tres lenguas de su ámbito cultural y social coincide en el tiempo con la nueva regulación sobre el valenciano en la Administración Pública, el conocido requisito lingüístico. Después de algún tira y afloja, los socios PSPV y Compromís llegaron al acuerdo de exigir el conocimiento de la lengua autóctona (propias son las dos) para acceder a una plaza de funcionario, aunque en distintos niveles en función de las características del puesto. Esa regulación no será aplicable para la promoción interna, como pretendían los nacionalistas y no aceptaron los socialistas, aunque aún quedan algunas tensiones por resolver sobre los plazos del reglamento que ha de desarrollar la nueva Ley de Función Pública en esa materia.

Por si faltaba algo, el masculinísimo Consell Jurídic Consultiu, en el que se mantiene una composición proporcional a la anterior legislatura principalmente por la torpeza de los partidos en el gobierno, ha efectuado siete observaciones esenciales a puntos del decreto sobre usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales, entre ellos el que obliga a los altos cargos a hablar en valenciano en sus intervenciones en público o el que condiciona la relación con contratistas y licitadores a que lo sea en valenciano.

Igual que el concejal Giuseppe Grezzi en sus planes para cambiar la movilidad en València, el conseller Marzá ha decidido acometer todos sus proyectos sobre el incremento del peso social del valenciano al mismo tiempo y con la convicción de quien tiene toda la razón de su lado, proporcionando un recipiente idóneo para que los detractores de sus proyectos y/o de sus ritmos, metan la lengua autóctona en un caldo de conflicto que resulta el peor escenario para su consolidación como bien patrimonial de primer orden de los valencianos.

El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha salido a la palestra para expresar su preocupación por este espacio de conflicto que rodea al valenciano en forma de polémicas, manifestaciones o recursos judiciales, respaldando los pasos de su Administración pero dejando claro que «los ciudadanos tienen derecho a usar cualquiera de las dos lenguas», lo que parece indicar un reparo a las formas. No en vano, la preocupación por las crecientes tensiones lingüísticas ha de afectar más a los socialistas que a los nacionalistas. Estos accedieron al gobierno con sus propósitos bien definidos, y sus seguidores jalean sus iniciativas, pero los del puño y la rosa necesitan mantenerse o crecer en el centro político para conservar sus opciones de gobierno. Y ese centro es especialmente sensible a una política lingüística que genere un conflicto constante y se pueda comparar con Cataluña, donde el castellano es ya una lengua extraña en no pocos ambientes.

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