Hace veinte años, tras la aprobación por el CVC del Dictamen sobre el valenciano, fruto del encargo al mismo en 1997 por Les Corts Valencianes, fue creada por ley la AVL. Hace veinte años que Eduardo Zaplana me propuso, en dos ocasiones, presidir dicha entidad la primera vez tras su constitución. Hace veinte años que le dije que no dos veces, lo cual no era fácil, a Zaplana por las mismas razones que lo haría hoy: la tarea de los que colaboramos en la conformación de aquel consenso político y lingüístico sobre el valenciano terminaba a las puertas de la institución normativa. Eso había que dejarlo a quienes más preparados estuvieran en el uso y conocimiento del valenciano. Ascensión Figueres fue su primera presidenta.

Traigo este preámbulo a colación porque de lo que entonces -1997- se trataba era de sacar fuera del debate político partidista la cuestión de la lengua y su identidad que había enfrentado a los valencianos entre sí de forma ciertamente grotesca , absurda y estéril para el propio valenciano desde nuestro paso de la dictadura a la democracia. Y manifiesto mi tristeza y desengaño, próximo al desconsuelo político y cívico, cuando veinte años después se vuelve a utilizar el valenciano, su identidad, su legitimidad y su propiedad como lengua de los valencianos de forma partidista y politicamente interesada.

En el año 95, en el que uno desde la prensa y la tribuna de Les Corts proponía un pacto lingüístico entre los valencianos que me estalló en la cara, como era natural, Joan Lerma me dijo que eso era imposible mientras no gobernara la derecha. Bien. Gobernó el centro-derecha y dicho acuerdo con el PSPV fue posible en unas condiciones que no voy a repetir ahora por supuestamente conocidas y que están en las hemerotecas valencianas y nacionales. Y hoy, tras veinte años, y de las dificultades ciertamente enormes de aquel acuerdo nuestras fuerzas políticas parecen disfrutar de nuevo tirándose la lengua a la cabeza. Unos dicen que por los abusos del Consell, otros por las necesidades electorales del PPCV. Y la casa, como siempre entre nosotros, sin barrer.

Vamos a ver: sacar el valenciano del debate político no suponía no tener ninguna política respecto a él. Quería decir que se renunciaba a través de un gran acuerdo entre PPCV y PSPV que, finalmente, se hizo extensible a los que no lo habían apoyado o a los que se habían legítimamente abstenido, a utilizar el valenciano como arma de litigio político continuado. Y para ello nada mejor que institucionalizar, por vez primera en nuestra historia como pueblo, una entidad normativa que velara por la lengua y la dignificase: la AVL.

¿Por qué de nuevo hoy, veinte años después, volvemos a la gresca en sol sostenido mayor? Unos dicen que por el decreto de Marzà sobre la enseñanza del valenciano. Otros arguyen que mejor cerremos la AVL, algunos, de entre los que presuntamente son herederos de su creación política, porque ignoran de qué hablamos. Y entre todos la mataron y ella sola se murió. La morta viva, de Constantí Llombart, el creador de Lo Rat Penat. Yo creo que la política democrática debe hacerse en Les Corts Valencianes. Y como hace muchos años que no soy diputado ya de esa casa no seré yo quien prejuzgue lo que a otros corresponde hoy hacer. Pero sí diré una cosa: nadie saldrá ganando un solo voto más por enzarzar el ambiente y hostigar por tierra, mar y aire al valenciano en la Comunitat Valenciana. Seguro. Al contrario, esa falta de visión política se volverá contra los que la practican. Y también contra los que la alimentan con los excesos innecesarios.

Me refiero, claro está, a las manifestaciones al respecto del requisito lingüístico y del decreto de plurilingüismo, tanto del CJC como de la propia AVL cada entidad según su mejor y leal entender. Creo que el Consell de la Generalitat Valenciana haría muy bien en escucharles. Aunque no se haya llegado a acuerdo en la renovación del CJC, todavía quiero decir. Ximo Puig, president de la Generalitat, decía con sentido común y prudencia que había que ser sensatos con el asunto del valenciano. Sí, señor president, evidente. E inteligentes. Si no se está de acuerdo con el decreto de Marzà hágase política en Les Corts contra él, para invalidarlo si es posible o para enmendarlo , mucho mejor, si fuese todavía viable. Para eso el PPCV debería reflexionar. Y el Consell, también.

Incendiar las zonas castellanohablantes de nuestra comunidad en contra del valenciano justificando tal actitud por un decreto es una barbaridad política. Hacer que en esas zonas el estudio del inglés quede supeditado en su grado más alto al nivel elevado de estudio en valenciano merece, cuanto menos, reflexión y cierta rectificación. No disparen más contra el valenciano. Es nuestro más grande tesoro como pueblo. Estímenlo. Y cualquier problema político tiene siempre soluciones políticas.