El fotógrafo barcelonés Llorenç Martí ilustró en 2016 la portada de un libro sobre la deuda pública con la imagen de un grillete con cadena y bola semejante a los que en tiempos más bárbaros se usaban con los penados o los esclavos. Resume en una foto mucho de lo que puede decirse de los efectos que tiene un endeudamiento desmesurado para una familia, una empresa o un estado: lastra el progreso y el bienestar de las generaciones actuales y de las futuras y es también un freno a la libertad de los individuos y a la soberanía.

Después de casi una década de crisis y sacrificios, España sigue siendo una sociedad altamente endeudada, incluso más que en 2007: la suma de los débitos del sector privado y del sector público (2,7 billones de euros) es unos 300.000 euros mayor que la de entonces (en lo más alto de la burbuja del crédito), si bien su estructura ha variado sustancialmente. Hogares y empresas han conseguido reducir sus pasivos de manera significativa, mientras que los del Estado alcanzan cotas inéditas (en torno al 100% del PIB) en un siglo.

El conjunto forma una gran bola que nos fija al suelo y nos hace vulnerables cuando se acerca el final de la era de los tipos de interés cero y el repliegue de la política monetaria ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE), a medida que la inflación se afiance en tasas del 2%. El mercado donde se negocia con los bonos que emiten los estados ya lo anticipa sin que Mario Draghi haya movido una pestaña: las tasas de la deuda soberana a diez años (lo que pagan los tesoros nacionales por financiarse a ese plazo) suben desde septiembre (las de España se han duplicado, pasando del 0,89% al 1,88%).

Digamos que el coste de la deuda subirá sí o sí y que puede hacerlo de dos maneras, según se ponga el escenario: una ordenada y progresiva, fruto de una normalización que el eurobanco iniciaría reduciendo las compras de bonos soberanos a partir de diciembre de este año, mientras los tipos de interés oficiales quizás permanezcan en niveles ínfimos un tiempo más si el BCE sigue el manual de la Reserva Federal en EE_UU y las incertidumbres políticas amainan; si éstas se exacerbarán por una victoria electoral de Marine Le Pen en Francia o por un cataclismo eurófobo en los comicios alemanes (del que ahora no hay indicios en las encuestas), la manera en que los prestamistas elevarían la exigencia de rentabilidades podría ser abrupta.

Las familias y empresas españolas encaran tales escenarios con una deuda agregada (1,6 billones de euros) que han reducido cerca del 20% desde el máximo de 2007, así que su posición es menos vulnerable que entonces. Pero una subida de tipos de interés atraparía rentas de los hogares hipotecados que, con el euribor en negativo, hasta ahora han alivado sus economías y favorecido el consumo y con ello la recuperación del PIB. El lado bueno es que, si la senda es la ordinaria , las tasas de interés habrán subido porque lo habrá hecho la inflación, y ésta ayuda a pagar las deudas.

El endeudamiento empresarial ha descendido también drásticamente, hasta situarse por debajo del promedio europeo, en parte por la desaparición de colosos inmobiliarios que dieron en quiebra con deudas estratosféricas. Ahora conviven situaciones de grandes empresas que han sido muy activas para sanear sus balances con los de otras todavía muy apalancadas y más expuestas a un encarecimiento de los costes financieros.

¿Y el sector público? La primera recesión de la crisis (2008-2010), la segunda (2010-2013, agravada por las políticas de austeridad), el rescate de la banca...han llevado la deuda del conjunto de Administraciones desde el 35,5% del PIB en 2007 al 100% actual. Equivale a 23.800 euros por persona, y cada décima que suban los tipos de interés presionará en la dirección que en estos años impusieron los acreedores: recorte de gasto público y subidas de impuestos. En el escenario más probable ese endeudamiento seguirá por encima del 90% en 2030, como recoge la OCDE en su último informe sobre España. La condena de la deuda va a ser larga y dura.