Cataluña y su encaje en el marco constitucional español se resisten a abandonar el primer puesto en el ranking de preocupaciones del Estado. A este debate ha aportado una contribución cualificada -debido a la autoridad que representa- el Sr. Pérez de los Cobos, a la sazón presidente saliente del Tribunal Constitucional, por el emplazamiento, contundente, que ha verbalizado frente a D. Mariano Rajoy, para que rectifique y abandone su estrategia habitual en política -jugar con el transcurso del tiempo como elemento disolvente- para abordar el problema catalán, asumiendo una posición proactiva. Ha dicho el Sr. Pérez de los Cobos -alto y claro- que "el alto Tribunal no puede resolver por sí solo la cuestión catalana", instando a las partes al "diálogo político" para encontrar una salida al proceso soberanista porque se trata de "un problema político". Efectivamente, el Estado, ante amenazas individuales o colectivas que ponen en riesgo su propia supervivencia, reacciona con los atributos de poder que le son propios; esto es, leyes, tribunales y los recursos coercitivos necesarios para hacer cumplir las sentencias, y esto no es cuestionable. Ahora bien ¿es suficiente aquí y ahora para resolver el problema catalán? Definitivamente no, y ello porque, como certeramente señala el Sr. De los Cobos, estamos ante un problema político, que requiere de la acción política -intensa, extensa- para enfrentarlo con posibilidades de éxito, y aquí es donde vacaciona con carácter aparentemente definitivo el Gobierno de la nación. España es la consecuencia de un proceso de agregación de pueblos o "naciones" preexistentes, que han decantado en un proyecto común con plena conciencia (y en toda su dimensión) en torno a la Guerra de la Independencia (algunos historiadores lo sitúan en torno a otros hitos históricos). Fuera como fuere, Cataluña nunca se ha sentido cómoda y enteramente integrada, manteniendo un sustrato centrífugo, que se agudiza recurrentemente en coyunturas coincidentes con situaciones de debilidad del Estado. No debemos olvidar, a estos efectos, el antecedente de las Mancomunidades Provinciales (1912), o Mancomunidad Catalana, entidad política que antecede a la futura Autonomía, cuyo proyecto quedó arrumbado por el estallido de la Iª Guerra Mundial, así como el episodio del Estatuto Catalán de 1936, abortado por el drama de la Guerra Civil. En definitiva, Cataluña siempre ha padecido lo que Ortega calificó como "nacionalismo particularista", concluyendo en que "es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar" (discurso en sede parlamentaria el día 13 de mayo de 1932). Estas palabras del eminente filosofo (y político) adquieren plena actualidad -nunca la han perdido- y guardan conexión con la intervención del Sr. De los Cobos, en cuya somera exégesis de la sentencia dictada en marzo de 2014 por el Tribunal que él mismo presidía -que anulaba la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña- muestra su frustración, por cuanto entendió que con la misma daban respuesta a la necesidad de salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional (objetivo logrado), al tiempo que hacía un llamamiento al diá- logo y a reconducir el denominado "derecho a decidir" a una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución, cuestión esta nunca abordada, por la que exterioriza su reproche. En definitiva, insta a encontrar soluciones de "conllevanza", si se me permite la expresión, que no es académica, por seguir a Ortega. Pudiera parecer que quien suscribe contemporiza en exceso con la dinámica nacionalista catalana. Nada más lejos de la realidad; parto de la base de que la identificación con la tierra propia, su paisaje, lengua y costumbres, es consustancial a todos los seres humanos. Por el contrario, el exceso en la materia, la exaltación, la idealización y el fanatismo resultan patológicos, y su expresión más acabada se conoce por nacionalismo, y en Cataluña parte de sus dirigentes políticos aparecen y se proyectan encarnando un nacionalismo excluyente incompatible con la realidad constitucional española. Dicho lo cual, y ante este estado de cosas, resulta desesperante, incomprensible y rayana en la temeridad la ausencia del Gobierno de la nación en este debate, cuando debiera ser el primer actor, en permanente estado de vigilia. Es de esperar que este último aldabonazo protagonizado por alguien tan poco dudoso y con tanta autoridad en esta materia, como el Sr. Pérez de los Cobos, despierte de su endémico letargo al Sr. Rajoy, y comience a gestionar el asunto más vital para el futuro de España como nos merecemos todos los españoles, catalanes incluidos. Es su deber.
