Un decreto de Presidencia de la Generalitat ha venido a reconocer que la edición oficial es «una herramienta esencial» y que debe regularse para que se la dote de «la precisa coherencia y racionalidad» así como de la «necesaria adaptación de los principios de transparencia». Ahora bien, la lectura del Decreto 20/2017 deja una sensación: sus redactores han salvado lo que han podido. ¿Ha sido suficiente? ¿Qué han salvado?
Podríamos fijarnos en aspectos muy concretos, pero necesarios, como el cuidar la identidad corporativa de la Generalitat, tramitar el depósito legal de las publicaciones, elaborar y promocionar el catálogo general de la Generalitat, etcétera. Además y sobre todo, los redactores han conseguido algo clave y fundamental: que cada año se contará con «el plan editorial de la Generalitat», que recogerá las propuestas, previa aprobación por la Comisión Técnica de Publicaciones, de los planes editoriales de las consellerías, fundaciones y entidades dependientes de la Generalitat. Cada año, esa comisión presentará una memoria en la que se concretarán las actuaciones editoriales propuestas y desarrolladas.
Esto quiere decir que cada entidad con capacidad para editar y dependiente de la Generalitat deberá tener un proyecto y servir a un proyecto. Más aún, cada uno de esos proyectos debe integrarse en «el plan editorial de la Generalitat». Esta necesidad de conformar un proyecto es fundamental y el editar considerando los fines reguladores del proyecto marcará la honestidad y profesionalidad de los editores. ¿Se facilita algún criterio al que deban servir los distintos proyectos editoriales?
El decreto indica que «las publicaciones institucionales se adecuarán al interés público de los sectores de la ciudadanía a los que se dirijan» y, por supuesto, se hará «un uso racional de los fondos públicos". Verdad es que cada consellería puede buscar esa adecuación por vías muy distintas y puede dotarlas de la continuidad que toda actividad editorial supone; piensen en el amplio margen de ediciones que se abre ante el campo de la sanidad, del medio ambiente, de la justicia, de la educación, etc.. si consideramos «el interés público de los posibles sectores de la ciudadanía»; esto es, de jóvenes, niños, adultos. No menor interés tiene hacer «un uso racional de los fondos públicos» porque para atender los posibles objetivos no se requiere de extraños formatos ni de costosas encuadernaciones que solo son pagos del poder a quien se ha hecho mecedor de ellos. Finalmente, una forma eficaz de contribuir al análisis de la producción editorial es facilitar una memoria anual a la que los ciudadanos puedan acceder para valorar la actividad editorial de la Generalitat. La conjunción de ambos criterios generará otro tipo de edición que nada tiene que ver con la que se regula de conformidad con la especialización o gustos de quienes gobiernan las editoriales oficiales, cosa frecuente y fácilmente identificable, y sí con «el interés público de los sectores de la ciudadanía a los que se dirijan».
El decreto ha conseguido otra operación clave: los distintos planes editoriales propuestos por cada consellería, van a ser analizados, supervisados y valorados por una amplia comisión integrada por profesionales del sector editorial y por editores de instituciones autonómicas que desarrollen una actividad editorial. Cada editor deberá presentar y responder ante esa comisión. Y el plan editorial de la Generalitat se hará público durante la segunda semana de febrero. Siempre se ha dicho que lo que no quieres que se haga debe encargarse a una comisión. En este caso, la composición de la Comisión Técnica de Publicaciones permite suponer que los integrantes proyectarán sobre cada línea de los distintos proyectos un severo y lúcido análisis. Este aspecto es clave, por cuanto una decisión colegiada, asistida de taquígrafos, puede aportar valiosas ideas y dejar al descubierto en qué sector se carece del proyecto que sirva al interés público en uno u otro sector.
Verdad es que las ediciones de las universidades o diputaciones no quedan reguladas por esta normativa y pueden seguir cuidando aspectos varios sin mirar a sus cuentas de explotación, que son especialmente llamativas. Ahora bien, el plan editorial de la Generalitat debe contar con los proyectos que se desarrollarán en esos otros centros de edición. También para eso se otorga voz a universidades y diputaciones, aunque no voto, en la citada comisión. Más aún, estos otros sectores de edición pública pueden tomar buena nota de alguno de los principios que asisten a esta propuesta. Desde luego, deben contribuir a configurar un espacio común de edición que complemente y sea articulable con el fin de esas instituciones y con el proyecto editorial de la Generalitat. Una difícil y necesaria empresa en la que quedan comprometidos los profesionales de la edición que deben buscar una demanda que justifique su actividad.
