Veintisiete años hace ya que el conseller del PSOE Miguel Doménech Pastor establecía el Plan de Medidas de Inserción Social, pilar fundamental en el desarrollo de las políticas inclusivas que contemplaba, entre otras, la prestación económica reglada: una subvención periódica para personas carentes de medios. Mucho ha llovido desde entonces, pero la fórmula se ha mantenido en su esencia a pesar de los cambios políticos. La llegada del PP no supuso una alteración dramática del modelo, de hecho hubo que esperar más de dieciséis años para que la prestación fuera rebautizada como Renta Garantizada de Ciudadanía.

Con la llegada de la crisis, la reclamación de su universalidad pasó a ser un ariete contra los muros de la mayoría del PP. Se politizó como nunca antes se había hecho, y se convirtió en uno de los compromisos inequívocos de aquellos que aspiraban a formar el futuro gobierno autonómico.

Pues bien, parece que ese compromiso se ha evaporado. Los nuevos inquilinos de la Generalitat juegan con la Renta de Inserción al igual que un mago con su chistera: aparece y desaparece, pero no termina de cuajar en una realidad. Se suceden los anuncios de su aplicación futura, se cantan sus virtudes, se dice que será un complemento del salario mínimo, se habla de su carácter indefinido?

Los datos de pobreza nos sitúan por encima de la media y un informe reciente de la Asociación Valenciana de la Caridad, buque insignia de la acción social, libre de toda sospecha, es demoledor: la exclusión social se ha cronificado, el 20 % de las personas que acuden al comedor social son menores y, en los últimos tres años, se ha producido un incremento del 68 % de familias que acuden a buscar un plato de comida caliente.

Frente a esta realidad, las autoridades miran para otro lado y en la web de la Generalitat y redes sociales, la vicepresidenta Mónica Oltra no duda en propalar el engañoso y maquillado dato de las 20.000 prestaciones logradas. Lo que esconde la letra pequeña es que en el último año de su gobierno esa cifra sólo incluye a 4.000 nuevos beneficiarios. Quiere decirse que la Generalitat no está paliando en absoluto la situación de miles de valencianos como habían prometido.

Oltra aseguró en diciembre que en mes y medio el anteproyecto de la Renta Valenciana de Inclusión estaría en las Corts. Ahora nos dicen que será para 2018. Se me podrá decir que el compromiso electoral acabará llegando, pero en ese caso, seguro que tarde para muchos valencianos.