Las señales no pararan de acumularse, pero es evidente que nadie con responsabilidad quiere poner hilo a la aguja en uno de los problemas más importantes de las finanzas públicas españolas: la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Repasemos unos cuantos datos. Durante los últimos 10 años, el gasto en pensiones ha crecido en más de un 52%, mientras que el número de pensionistas lo ha hecho en un 15% (hasta llegar a los 9,58 millones con los que acabará 2017). ¿Qué nos dicen estas cifras? Pues que el grueso del incremento en el gasto (que ya supone un 41% del Presupuesto público) no se debe tanto al aumento de pensionistas como al hecho de que se están jubilando generaciones con unas prestaciones cada vez más altas (con medias superiores a los 1.400 euros al mes€ por encima de lo que cobran muchos trabajadores en España).

Por si fuera poco, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (o hucha de las pensiones) se agota este año, por lo que el Estado ha tenido que hacer un préstamo a dicho ente para hacer frente al pago de las prestaciones de 2017. Si no hay un cambio espectacular de modelo productivo, que nos convierta en una especie de Dinamarca o Alemania, la tendencia es a que los sueldos actuales y de los próximos años tengan cada vez menos capacidad de financiar, vía cotizaciones, unas pensiones cada vez más numerosas y elevadas.

Por tanto, es hora de reconocer que la reforma diseñada para que los ciudadanos se jubilaran en 2027, con 67 años, es claramente insuficiente. Y, si se elige financiar la Seguridad Social vía impuestos€ a la larga habrá que optar por un modelo de pensiones no contributivas (la mayoría, bajas e iguales). El problema es que nadie quiere ver el elefante que hay en nuestra habitación.