El gobierno tripartito en el Ayuntamiento de València es un polvorín. Los encontronazos que protagonizan por un lado el núcleo de gestión de Compromís y por otro los socialistas y València en Comú son cada vez más frecuentes e intensos, y por primera vez en el presente mandato existe riesgo real de que la coalición se fracture en el debate del pleno previsto para fin de mes a propósito de la pretendida prohibición de aparcamiento en el carril bus por las noches. La oposición compuesta por el Partido Popular y Ciudadanos ha visto la herida y presentará iniciativas para evitar que se impida estacionar donde se ha aparcado los últimos 18 años, buscando al menos abstenciones que explotar.
A los cinco ediles socialistas que capitanea Sandra Gómez y a los tres que representa Jordi Peris se les abrieron las carnes tras enterarse por la prensa de los planes del «verde» Giuseppe Grezzi, quien parece haber pactado la medida con todos „taxistas, conductores de la EMT, asociaciones de discapacitados, Organización de las Naciones Unidas, Asociación Pro Derechos Humanos...„ menos con sus socios de gobierno.
Pero no es sólo la preocupación de Gómez y Peris por el impacto de la prohibición de uso del carril cuando nadie lo utiliza sobre los hosteleros, cines y teatros, y sobre la población metropolitana que frecuenta la capital hasta unas horas en las que el metro no funciona. La tensión procede de las formas con las que el equipo de gobierno de Compromís se relaciona con sus dos aliados.
El último episodio de esta escalada de tensión ha sido la encuesta de satisfacción sobre servicios municipales, de la que los socios que se sienten tratados como si fueran la oposición no tenían ni repajolera idea.
Como sabrá el lector, la primera edición de la encuesta que se anuncia que se repetirá cada trimestre ha costado 17.000 euros y ha consistido en un trabajo de campo con 2.000 personas realizado por una empresa y entregado para su procesamiento y análisis al servicio municipal de Estadística, un departamento que depende del concejal Carlos Galiana, el mismo que tiene bajo su responsabilidad el área que sale mejor valorada del sondeo, Mercados, con un 6,3 sobre 10. Es lo que se podría denominar una coincidencia noticiosa.
La encuesta básicamente se limita a preguntar por servicios que gestionan concejales de Compromís, y si algo sale mal, como el aparcamiento, (3,6 sobre 10) el alcalde Joan Ribó se encarga se matizar que es porque los ciudadanos se quejan de que el carril bus esté ocupado por coches, y por eso es necesario el plan de Grezzi contra el estacionamiento nocturno en ese espacio.
Por si faltaba algo, el sondeo reservado incluye también intención de voto, y ofrece como conclusión más destacada que Compromís supera al PP y se convierte en la primera fuerza política de la ciudad, con los conservadores en segundo lugar, Valencia en Comú en tercera posición, los socialistas repiten en cuarto puesto y Ciudadanos se quedan de farolillo rojo. Todo pinta tan bien para Compromís que los concejales bromean con que la formación debería pagar el sondeo. Hay quien dice que el trabajo tiene también atribución de concejales, pero eso no ha salido a la luz, todavía. Puede que para no envenenar más el ambiente.
Quedan dos años de gobierno conjunto y los socios tendrán que seguir soportándose al mismo tiempo que diversifican sus mensajes hacia un electorado por el que pelean a cara de perro. El alcalde ya ha tenido que salir a proclamar que quiere volver a ser candidato para que los herederos Pere Fuset y Carlos Galiana paren de morderse los tobillos, y se ha visto obligado a frenar a Grezzi para que deje de ser el principal activo de la oposición. Peris y sus compañeros de En Comú María Oliver y Roberto Jaramillo gestionan sus áreas con independencia y sin afán de protagonismo. Pero a Sandra Gómez y a sus cuatro ediles se los llevan los demonios tras los episodios del carril bus y la encuesta sobre los servicios municipales. Cuando la primera teniente de alcalde sustituyó a Joan Calabuig tras el verano de 2016 ya se quejó de que el alcalde quisiera reasignar áreas de gestión a pesar de que no había más cambios que una persona por otra. Luego vino la pugna por la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles. Y la explosión principal llegó en Fallas, con la polémica de la vestimenta de las falleras mayores; los conciertos frustrados al pie de la falla municipal y la limitación de acceso con visitantes al balcón, en cuya puerta un ordenanza paraba a la vicealcaldesa para comprobar que solo llevaba un invitado mientras la Alcaldía rebosaba de celebrantes agasajados por el partido del titular de la plaza.
La confianza entre socios no pasa por su mejor momento y los dos años que quedan serán una prueba dura. O el llamado Pacte de la Nau se refresca con actitudes de lealtad y no agresión o un PP confiado en su recuperación a lomos de la mejoría económica se los come a todos con patatas en 2019.
