La publicación de Las editoriales universitarias en cifras 2015 estuvo en su día asociada a una rueda de prensa de cuyo contenido dio noticia María Rosa de Bustos. No puedo asumir la historia que ese escrito nos traslada. Destaca un dato con toda claridad: «Las editoriales universitarias españolas publicaron el pasado año 4.681 títulos, un 5,4 % más que en 2010. De ellos, 4.093 fueron novedades (87,4 %) y 588 reediciones (12,6 %)». Este dato permite a la periodista resaltar que estamos ante un incremento del 18,8 % y emitir casi a línea seguida un juicio de valor: «Estos datos revelan que la UNE se ha convertido en el primer grupo de edición académica de España, por delante de otros como Hachette o Planeta, al publicar ya el 30 % del total de libros académicos que se publicaron en 2015 y representar el 33, 6 % del fondo vivo». Esta forma de organizar una historia con moraleja deja a la institución desasistida del valor que puede surgir del intercambio de razones fundadas en valorar otros significativos datos.

¿Cómo se engarza esta pretendida valoración de la actividad editorial con otras informaciones publicadas en Las editoriales universitarias en cifras 2015? Me refiero, por ejemplo, a los siguientes porcentajes que marcan la variación entre el 2005 y el 2015: el empleo generado desciende un 13 %; los ejemplares producidos caen un 27,1 % y la tirada media es de 310 ejemplares suponiendo un descenso de un 30,9 % respecto de 2010 y un 44,1 % respecto de 2005. A estos significativos datos debe asociarse que la cifra de facturación se hunde un 41,5 % respecto de 2010 y un 57,1 % respecto de 2005; esto es, en el 2005 se facturaron 28.819.637 euros y se cierra el 2015 con 12.357.151 euros. Este descenso en la facturación y en las tiradas claramente muestra la débil vida de ese fondo y la escasa demanda del mismo.

Se aporta otro dato significativo: el catálogo de UNE ha alcanzado los 50.936 títulos. Ahora bien, el informe no ofrece dato alguno relacionado con la rotación de los distintos títulos que recogen los catálogos y cobijan los almacenes; la historia contada por la periodista se cae a trozos. Esto es, la producción de las 67 editoriales agrupadas en UNE puede representar el 33,6 % del fondo vivo académico, pero muchos cientos de esos títulos pueden permanecer años y años en un catálogo sin ser requeridos cada año por una treintena de lectores; su fin habrá de ser la guillotina de papel o la donación. Más aún, también es destacable la dirección en la que se incrementan esos catálogos, dado que desde el 2005 la edición de títulos científico técnicos ha descendido en un 50 % y, además, la reducción de la edición de ejemplares es más acentuada en las ciencias experimentales y tecnología (57,6 %). ¿Estos datos no invitan a reflexionar sobre las prácticas y organización editoriales del grupo?

Si la pregunta formulada tiene sentido, los representantes de UNE deben comparecer en todos los foros en los que se le ofrezca la oportunidad de analizar la edición universitaria. Si recuerdo este deber es porque la dirección de UNE no es especialmente partidaria de escuchar a quienes disienten de sus análisis y con quienes «no desean verse asociados». Así lo han hecho saber al rechazar su participación en un curso programado por la sede de la UIMP en València y dirigido por Antoni Furió esgrimiendo una dudosa razón: mi participación en el mismo como codirector y como ponente que pensaba analizar y discutir las líneas generales de una alternativa. La presidenta y su junta directiva deberían conocer que siempre he defendido que «no es la edición universitaria la que esté en cuestión, sino la infraestructura que la sirve». Al censurar mi participación corroboran la validez de mi afirmación. Pero han de saber que, procediendo de ese modo, no le asiste a la dirección de UNE «el uso público de la razón», sino el prejuicio. ¿Cuánto más han de caer su facturación y tiradas para que se sienten a hablar sin ejercer previamente censura sobre los interlocutores?