Agencia Anticorrupción valenciana

Soy abogado, periodista, historiador, escritor, presido Acción Cívica contra la corrupción, asociación que ejerce la acusación popular en 4 casos de corrupción en distintos puntos de España y ejerzo desde hace 5 años la acusación popular a título individual en el procedimiento judicial de uno de los casos de corrupción más lamentables que hemos tenido en la Comunidad Valenciana.

Desearía contextualizar esta intervención en el saqueo generalizado que en los últimos años se ha llevado a cabo en todos los ámbitos gestionados con dinero público: Cooperación al Tercer Mundo, hospitales, colegios, bienestar social, centros geriátricos, extinción de incendios, grandes eventos, feria de muestras, financiación ilegal de los partidos, campañas electorales, aplicaciones informáticas, alumbrado, distribución de agua, saneamiento de aguas, recogida de basuras, restauración de monumentos, conciertos, gestión de museos, televisión pública, conservación de carreteras, aprobación de planes urbanísticos, Fórmula 1 y hasta la visita del papa€

Muchas veces me han preguntado cómo se han atrevido con el dinero para el Tercer Mundo. Es evidente que no hay razón para que quedara fuera; en definitiva, es dinero público sin los controles administrativos suficientes.

Considero que es importante realizar una cuantificación del perjuicio sufrido por la ciudadanía por el dinero detraído de las arcas públicas. Nos mueven los motivos económicos y la defensa del interés común, no intereses partidistas ni ideológicos. Acción Cívica encargó hace meses un informe a un grupo de expertos en el estudio de la corrupción, de sus causas y circunstancias, informe que en breve haremos público.

Sí puedo adelantar que el coste de lo directamente robado es lo de menos. A estas cantidades hay que sumar:

1. Las perturbaciones en los mercados y en la competencia, al dar prioridad a empresas pertenecientes a las redes clientelares en detrimento de las más eficientes, que se ven abocadas en muchos casos al cierre. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia publicó un análisis sobre los diferentes mecanismos de contratación pública y concluyó que la falta de competencia por actuaciones ineficientes lleva a un sobrecoste para el erario que se calcula en torno a un 25% de los 200.000 millones que anualmente se destinan a licitaciones de servicios públicos con cargo al Estado. El importe en términos absolutos de lo que podría ahorrarse en contratación pública supone unos 50.000 millones de euros; o lo que es igual, un 4,5% del PIB.

2. La corrupción agrava los incentivos para el fraude fiscal.

3. Desincentiva las inversiones tanto nacionales como extranjeras.

4. El malestar que crea entre la población. La desmoralización entre los más jóvenes.

5. El deterioro causado en las instituciones cuando quienes ostentan una representación temporal por parte de los ciudadanos las utilizan para fines privados. No cabe mayor deslealtad.

Considero que la pasividad de la gente constituye los cimientos de la impunidad, y en ese sentido hay que subrayar la necesidad de una sociedad civil fuerte que impulse los cambios necesarios. Mal que bien la persecución penal está funcionando pese a la evidente falta de medios materiales y humanos con que cuenta la fiscalía y la judicatura. Y a pesar también del ataque obsceno que el gobierno central está llevando a cabo contra la fiscalía Anticorrupción, una de las instituciones más valiosas y prestigiosas con que contamos en España.

Sin embargo no se han dado pasos adelante en la fase previa a la corrupción, en los controles administrativos. Desde los años 90 todos los pasos que se están dando son hacia atrás, en especial a nivel municipal -ahí está el arrinconamiento del cuerpo de interventores, secretarios y tesoreros municipales-, en las diputaciones provinciales, instituciones obsoletas e innecesarias carentes de los suficientes controles, y en las sociedades públicas creadas alrededor de ciertas Administraciones para evadir el derecho administrativo bajo la ficción jurídica de que deben ser regidas por el derecho mercantil.

En este escenario, es más necesario que nunca una Agencia anticorrupción que sea capaz de vigilar todas estas áreas y, sin previo aviso, pueda recabar la documentación e información que estime necesarios.

Esta futura agencia no ha contado con el beneplácito de los partidos políticos y ha salido adelante gracias al empeño y la profesionalidad de unos pocos. La clase política no desea controles sobre los suyos. Unos decían que no hacía falta, otros que ya contamos con la conselleria de Transparencia -son ámbitos complementarios pero totalmente distintos- y otros votaron en contra con el argumento del "y tú más", cantinela que nos tiene hartos a los ciudadanos y que, aunque fuera verdad, incurriría en una flagrante incoherencia porque ello ahondaría más -aún más- en la necesidad de una Agencia Anticorrupción realmente efectiva.

Creo fervientemente en la necesidad de despolitizar este país, en el que los partidos han invadido tantas áreas que no les son propias, idea que ya trasladé en la pasada comparecencia en esta misma Comisión. Y, consecuentemente, en la necesidad de una sociedad civil más amplia y fuerte, que vigile y plante cara a la clase política que le representa ante las instituciones. Y, por tanto, en la necesidad de prestigiar el funcionariado y devolverle todas sus atribuciones y su dignidad. Y creo en la necesidad de implantar mayores controles previos para que desaparezca de una vez por todas el ambiente de impunidad en la que los corruptos se han movido en los últimos años y, por tanto, alcancemos un nivel en este sentido asumible por todos.

Desde Acción Cívica venimos diciendo desde el primer momento que esta ley estaba bien ideada, la herramienta es correcta -una institución ágil e independiente, sólo adscrita a Les Corts-, pero que todo depende de la figura del director. Sería mejor quedarnos como estamos que crear una nueva oficina que pueda dar la falsa impresión de que el asunto está controlado, y en ese sentido tenemos el ejemplo de Cataluña. Debo decir que nos ha sorprendido gratamente que los partidos políticos se hayan proponer candidatos pese a que la ley lo permitía. Aquellos que sí queremos esta agencia estamos de acuerdo con que el director debe ser alguien totalmente ajeno a cualquier interés partidista, económico o ideológico.

Estoy aquí porque la Fundación por la Justicia tuvo a bien proponerme, pese a que en cuanto me lo comunicaron les indiqué que mi candidato y el de Acción Cívica es Joan Llinares. También para ellos Joan Llinares es su candidato idóneo. Él es interventor municipal en excedencia, especialista en Derecho Administrativo, jurista y lleva muchísimos años destapando casos de corrupción y colaborando la fiscalía, en especial en el caso del Palau de la Música catalana, que se está juzgando ahora, y el caso del IVAM, que está en fase de instrucción ya bastante avanzada. Y además ha implantado un magnífico sistema preventivo en el Ayuntamiento de Barcelona.

En este aspecto, es un honor haber sido propuesto por la institución que preside José María Tomás y Tío y además lo tomo como un reconocimiento hacia la labor de la asociación que creé, Acción Cívica contra la corrupción, ya que de los 3 candidatos, 2 estamos en su junta directiva y el tercero, Sergi Castillo, es socio destacado.

Traslado por tanto mi agradecimiento a quienes han confiado en nosotros y felicito a Fabiola Meco y a su equipo por brindar a la sociedad valenciana una institución tan necesaria. Tal como he dicho a cuantos me han preguntado durante todos estos meses, yo no deseo ser director de la Agencia por la simple razón de que hay un candidato mucho más preparado que yo. Mi compañero Joan Llinares es el candidato idóneo y, si es elegido, la sociedad civil, los ciudadanos de bien, nos congratularemos de nuevo por sus servicios al interés general.