Preguntarse, en 2017, si nuestro Estado de las autonomías, tal como quedó definido en la constitución, habría tenido su actual arquitectura sin la existencia, en nuestro devenir colectivo de ETA, es un ejercicio vacuo. La historia que no fue es pura melancolía. Sin embargo, más allá de incorrecciones políticas, hay que agradecer a la tozudez de la memoria los efectos de aquella canallada y la reacción preautonómica que ayudó a despertar en el pensamiento de una generación de españoles entonces tan progre como poca autocrítica ahora.
Durante muchos años (tardofranquismo, transición y época constitucional) ETA mató con la excusa de hacerlo en nombre de una supuesta revolución izquierdista del pueblo vasco. Hoy, camino del crematorio, su alargada sombra acompaña silenciosamente el debate sobre la reactualización cuantitativa del cupo vasco.
Incluyendo el último acordado en 2007, las cifras de los cupos se negociaron, con el recuerdo próximo, cuando no la presencia cercana, de las parabellum y por ello no deberíamos llamarlas negociaciones que fueron discretas y sin focos, todo ello de acuerdo de tiempos con violencias más o menos explicitas. En palabras de Enric Juliana, «a ningún gobierno español le interesaba que fuese muy conocida la generosidad de Madrid en la valoración de los servicios que el Estado presta en Euskadi. Y a ningún gobierno vasco le interesaba aparecer muy beneficiado por Madrid. Discreción y hermetismo. Cuanto menos ruido, mejor. Ninguna fuerza política hurgaba demasiado en la cuestión. Asunto de Estado».
El cupo recuperado constitucionalmente tras el franquismo ha sido bueno para vascos y navarros. Las estadísticas sobre gasto público por comunidades autónomas (CC AA) hablan de cifras que se salen de la escala del resto, un éxito foral que no se explica solamente por la mejor calidad de la gestión en sus diputaciones. Tiene razón la secretaria autonómica de Hacienda: «Euskadi y Navarra son territorios que cuentan con unos recursos por habitante que duplican los nuestros. Más dinero implica mejores servicios y mejores infraestructuras» es un juicio tan cierto como roto está aquel pacto autonómico.
El pan como una hostia que entre todos alumbramos nos ha llevado a vivir en un Estado dividido en tres categorías regionales. Un primer grupo formado por 14 autonomías que mandan a reunirse a expertos en busca de una imposible nueva financiación, basada en un Estado central que recauda y luego reparte; las dos forales negociando a la baja la cantidad con la que contribuir al Estado tras encargarse de recaudar los impuestos de sus ciudadanos; y la última que no quiere consenso alguno y busca su independencia. Sobre este totum revolutum, Mariano Rajoy vende estabilidad en Europa, cuya llave tiene Ciudadanos (partido que quería abolir el concierto foral vasco) y el PNV, ante la voluntaria ausencia de los nacionalistas catalanes, que insisten que se van, que ya no es cosa suya.
El PNV da oxígeno al Gobierno español en un momento muy delicado para la Unión Europea, al tiempo que transmite un mensaje a Bruselas: «Nosotros ya no somos el problema; nosotros somos factor de estabilidad». Cuando la UE pone sobre la mesa la posibilidad de una Europa de dos velocidades, el objetivo vasco, además de aprovechar el valor del voto de sus diputados, consiste en intentar poner a salvo su concierto fiscal ante la posible unificación de los regímenes fiscales europeos. Tras el rechazo de la UE a la independencia de Cataluña, el PNV ha decidido que en el paquete que el Reino de España vaya a negociar para la nueva UE al igual que ocurrió tras la transición, se incluya su privilegio foral.
En el resto de España sobreviven CC AA más o menos sólidas o virtuales, todas cargadas de una buena dosis de adolescencia presupuestaria. Mirando a los valencianos, y asumiendo que las pistolas etarras existieron y que la independencia catalana está muy dibujada, Fernando Ónega, escribía el miércoles en La Vanguardia: «Se equivocó Mónica Oltra al decir que hace falta montar un follón mundial para que el Gobierno central asuma las demandas de las autonomías. No es exactamente así. Lo que hace falta es que las autonomías que reclaman algo reúnan las siguientes características: tener un partido nacionalista fuerte, pero que no sea separatista a corto ni medio plazo; disponer en el Congreso diputados suficientes para completar alguna mayoría coyuntural; estar dispuesto a negociar, con la habilidad de mantener el suspense sobre sus intenciones hasta el último minuto, que es cuando se consigue lo sustancial; es decir, tener la fortuna de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno y con negociadores sabedores de la necesidad de su interlocutor. Con esas cualidades pueden apretar o aflojar la soga hasta alcanzar sus pretensiones». Demasiada tarea y perspectiva para Compromís. No conviene cebarse en las aparentes limitaciones del equipo de Joan Baldoví.
Continuando con Ónega, su conclusión, a golpe del pragmatismo propio del mercadeo, resulta desoladora: «La estructura de España no se está construyendo con grandes ideas, sino en cada ley de Presupuestos cuando no hay mayoría absoluta. La gran política española se va haciendo así, a golpes de exigencias y a contragolpes de concesiones». Si se acepta su última frase -«no sé qué ocurrirá cuando el Estado ya no tenga nada que ceder»- los responsables del Estado y del resto de CC AA pueden no estar diciéndonos verdad.
Durante la semana pasada, un factor supuestamente estructural y permanente de la España de las autonomías se ha convertido en contingente, negociable y adaptable a las necesidades de los ejecutivos de Madrid y de Vitoria. Incluso en Euskadi cabezas bien amuebladas dicen que se ha erosionado «la credibilidad del modelo» y aquello que debía ser una cuestión «presuntamente técnica» se ha tratado como si fuera «conveniencia política». ¿Hasta dónde llegan las obligaciones solidarias de los mercaderes convencidos?
La falta de solidaridad del gobierno vasco acaba con cualquier esperanza sobre la viabilidad del Estado de las autonomías, alumbrado en tiempos difíciles, con criminales matando a ciudadanos. Me gustaría saber de la pregunta y la respuesta cuando el lehendakari Íñigo Urkullu, hable con el president Ximo Puig, el día 16 a cuenta del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
Haciendo de la necesidad virtud, insistir en la necesidad de una España federal para la nueva Europa. Veremos entonces cuántas CC AA van a apuntarse a vivir básicamente de sus propios recursos habiendo delimitando con nitidez el nivel de solidaridad de las distintas regiones. Con ETA en el recuerdo y con Europa como esperanza, quizás podamos debatir con libertad lo que significa una España de las autonomías.
