Cubiertas las últimas escenificaciones entre las partes (conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, solicitando permiso al Estado, por última vez, para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación en Cataluña; negativa del Gobierno central, con carta incluida del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtiendo a Puigdemont de que peligra a la convivencia; petición, por vía de la vicepresidenta del Gobierno, de que Puigdemont plantee sus demandas a través del Congreso y negativa de éste, alegando que la vía del Congreso ya fue cursada por diputados independentistas catalanes, unido a no querer repetir una situación como la del ex lehendakari Ibarretxe, finalmente derrotado y apartado del poder?), el enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España entra en una nueva fase. De mayor riesgo y conflictividad, si cabe.

Mientas las autoridades catalanas siguen adelante con su plan de (ahora sí) convocar un referéndum unilateral de independencia, a celebrar probablemente en septiembre, el Gobierno ha insistido en que esta vez no sucederá como el 9N de 2014, ya que pondrá todos los medios para evitar que la Generalitat saque las urnas. Algo que parece no arredrar a los secesionistas: según un presunto borrador de la ley de desconexión se mostrarían dispuestos a proclamar unilateralmente la independencia, en caso de que el referéndum no pudiera celebrarse (lo que ha sido recibido con acusaciones de golpismo, por parte del Gobierno central).

Aunque aún quedan unas semanas, el enfrentamiento parece inevitable. Pero todas las partes deberían tener presente la contención, en sus respuestas, para que la ciudadanía se vea lo menos perjudicada posible, en medio de la mayor crisis política vivida desde la muerte de Franco.