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Que alguien frene la luz

Como en tantas otras cosas, España precisa de urgencia un gran pacto nacional sobre la energía, en vista de que el sistema tarifario actual se ha convertido en una costosa rémora para la competitividad de las empresas y, en términos sociales, en un factor desencadenante de desigualdad, hasta el punto de que hay zonas donde la pobreza energética alcanza a más del 20 % de la población.

Consumir electricidad y gas en España es caro, sensiblemente más caro que en los países de su entorno. Eurostat concluye que desde 2007 el precio de la luz ha subido en el país un 63 %, frente al 35 % de la eurozona, mientras que la del gas lo ha hecho en un 47,5 %, lejos del 31 % de Francia o el 4,7 % de Alemania. En estos momentos, según datos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), España es el segundo país con los precios antes de impuestos más elevados de la UE y el cuarto una vez descontada la fiscalidad.

Se trata, por tanto, de tarifas prohibitivas o, al menos, que merman considerablemente la competitividad empresarial, en especial si tenemos en cuenta que los gastos energéticos ocupan las primeras posiciones en la estructura de costes de una mercantil. En algunas, se sitúa en segunda posición, justo después de los costes laborales. Ahí es nada.

Los empresarios son firmes defensores de una nueva planificación de la política energética que reduzca las distancias de España frente a sus competidores. Es cierto que el nuestro es un país con un evidente déficit en la generación de electricidad y, sobre todo, de gas, que importa en su totalidad, pero hay numerosos factores que pueden ser modificados para rebajar las actuales tarifas. Uno de los que señalan los patronos es la escasez de empresas generadoras. Es decir, limitación por parte de la oferta. El citado pacto nacional debería abordar la creación de un mix energético más sostenible en el que las renovables tuvieran mayor peso, dado que su coste marginal es cero, frente a los elevados gastos que comportan las energías procedentes de fósiles o de centrales nucleares.

Además, debería propiciarse un sistema descentralizado para fomentar el autoconsumo y evitar que lo que este produce entre en la red antes de volver al punto de origen, lo que abarataría la producción y el transporte. Otra medida pasa por revisar la tarifa eléctrica, que en un 60 % procede de impuestos y recargos, como el déficit tarifario, que los empresarios consideran que no debe recaer sobre los usuarios, sino sobre el Estado, porque fue un error político, al igual que el exceso de capacidad instalada, que las energéticas trasladan en sus precios al cliente. Aunque todo esto sea discutible, lo cierto es que esas demanda ponen encima de la mesa que hay margen de mejora. El guante queda encima de la mesa de los políticos. ¿Lo recogerán?.

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