Nadie tendrá dudas a estas alturas de cuál sería la reacción de un Compromís en la oposición si un PP en el Consell pretendiera imponer a sangre y fuego un nuevo sistema de reciclaje contra todos los actores implicados y beneficiando exclusivamente a una empresa extranjera sin oficio ni beneficio aparente en el territorio. O si impulsara la privatización de decenas de plantas depuradoras bajo control público. De las acusaciones de favorecer a los amiguetes con oscuras intenciones o intereses, seguramente no bajaría el tono.
Por eso sorprende el empeño de los Verds, a través del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, en ambas iniciativas. Llama la atención el hecho de que la gestión de las 59 plantas de la empresa mixta Egevasa haya pasado al primer plano de la batalla política tras quedar aparcado el intento de sacar adelante el sistema de reciclaje SDDR toda vez que hasta los estudios técnicos más sesudos desaconsejaran su aplicación. Se trata, además, de dos batallas internas en el bipartito que arrastran al conjunto de Compromís cuando otras corrientes de la coalición no están precisamente muy de acuerdo con las tesis de los ecologistas incrustados en su seno.
Lo bien cierto es que la gestión de ese departamento ha estado plagada de zonas oscuras y sobresaltos desde el principio. Desde la pronta renuncia de una directora general -María Diago- o la diáspora de asesores -Carles Arnal- hasta la reorganización del segundo escalón de la conselleria que aisló definitivamente al secretario autonómico. Una gestión que, además, ha agrandado las grietas -con expulsiones y conflictos judiciales incluídos- en el seno del propio movimiento donde nunca se ha llegado a perdonar el ascenso a los cielos de Álvaro en perjuicio de otros militantes de primera hora como el diputado Juan Ponce.
