03 de junio de 2017
03.06.2017

Sobre las carencias en los geriátricos

03.06.2017 | 04:15
Sobre las carencias en los geriátricos

Mónica Oltra, azote de Cotino y de los recortes cuando estaba en la oposición, en dos años de gobierno ha mantenido el mismo modelo de residencias, sin diferenciarse de sus homólogos madrileños en cuanto al «precario funcionamiento diario de los centros, y que el origen está en la falta de personal», como denuncia la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores madrileña.

Las inspecciones se han convertido en algo esclerótico, que no responden a las necesidades de usuarios ni de trabajadores, y dan el visto bueno a la precariedad. Embutidas en modelos de otra época, no cuentan con la independencia ni con la frecuencia ni los instrumentos de medición que requieren las realidades tan cambiantes de este siglo. Lo más innovador de cierta inspectora, en una residencia privada que está obligada contractualmente a ofrecer servicio sanitario, es que recomendara, a la doctora y al enfermero contratados, que, por «sentirse presionados» por las quejas de su familiar, pueden acogerse al derecho a no atender a una paciente, confundiendo el ejercicio liberal de la profesión con toda relación laboral por cuenta ajena, o que, a pesar de estar marcado por ley que hay que hidratar varias veces por día, le meninfotara que aunque estuviera con gastroenteritis en la cama no pasara nadie por su habitación a hidratarla en todo el día.

Un modo más de testar la ineficacia de estas inspecciones es que hoy en día funciona más publicar una imagen o petición en plataformas digitales que perder el tiempo en marañas burocráticas desfasadas y atávicas. Leo que el Síndic de Greuges inicia una investigación «a raíz de noticias aparecidas en los medios», «que describen situaciones de desatención de los residentes», pero no por la utilidad de las inspecciones; y otros titulares como «las residencias de mayores de la Comunitat, saturadas debido a la falta de trabajadores». Una ratio legislada en la pre-crisis e intocable como la Carta Magna, que está afectando a usuarios y trabajadores por igual, los primeros en forma de malos servicios, y los segundos en formas de explotación laboral decimonónicas.

De las 329 quejas recibidas entre 2011 y 2015, un 20 % se refiere a residencias públicas y el 80 % a centros privados; las públicas tienen una ratio superior a las privadas y 24 horas de enfermería. Esto ya habla sobre la necesidad de homogeneizar la normativa entre públicas y privadas. Se mezclan trabajadores por categorías, y la ratio no diferencia entre número de contratados y las presencias diarias, tan escasa, provoca desatención y descuidos por falta de personal, lo que no permite cubrir correctamente el servicio contratado. Los casos que llegan a las inspecciones tienen el mismo patrón: errores con los pastilleros, en la atención personalizada, falta de hidratación, climas de tensión, y según detectó Avafurceg (Asociación valenciana de familiares y usuarios de residencias y centros geriátricos) de nutrición en los turnos de asistidos por falta de tiempo. La ratio tampoco diferencia entre grados de dependencia. Y aunque se cumpla la ratio no se cumplen las relaciones contractuales. Las inspecciones están en un puro laisser passer.

Los sindicatos denuncian que un auxiliar puede llegar a hacerse cargo de diez usuarios de media, y que por la noche puede llegar a tener hasta cuarenta. ¿Quieren decirnos que esto tiene de ser legal, que así se puede dar una asistencia óptima a nuestros mayores?

A pesar del blindaje de la ratio, ustedes tienen la obligación de atender sus lagunas, aunque parezca un oxímoron. Su ratio entra en colisión con el cumplimiento de las relaciones contractuales, la calidad del servicio, sus compromisos electorales, y la ley de prevención de riesgos laborales. Saben de sobra que la cantidad de trabajo asignado a cada auxiliar es humanamente inabarcable, genera desatención y bajas laborales. Leo en prensa que Oltra reconoce que aunque la ratio es legal no es suficiente para atender a los ancianos, que faltan muchos más inspectores (a lo que yo añadiría que también adaptar sus métodos al siglo XXI), otro oxímoron. Mientras, en la web de Compromís se jactan de estar dos años consecutivos aumentando presupuestos: del 7 % respecto del año pasado (que fue del 17 %). «Si los presupuestos de 2016 fueron el final de los recortes practicados por el antiguo gobierno, estos de 2017 serán los de la consolidación de las políticas sociales y el inicio del cambio de modelo, pasando de la mercantilización a la universalidad». ¡Otro oxímoron!.

La cuestión es si con la excusa de una ley supuestamente intocable quieren seguir manteniendo servicios tercermundistas, si vamos a instalarnos en la omertá geriátrica y en la precariedad. Como claman muchos colectivos, basta ya de excusarse con ratios y protocolos, y pongan jefes e inspectores con ganas de mejorar las condiciones del sector, condicionando las subvenciones públicas al cumplimiento de unos estándares más europeos y a la calidad del servicio; empoderando a los usuarios con mecanismos que permitan evaluar de forma constante el servicio, e incluso incorporar la televigilancia. Es decir, algo tan lógico como: modernicen el sector y adáptenlo a las necesidades reales de la gente y de este siglo XXI tan cambiante.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine