Una, dos, tres, cuatro... así hasta más de mil víctimas de la violencia machista en los últimos 15 años en España. No son números, son personas, son mujeres asesinadas por aquellos que decían quererlas. La violencia machista no es más que la expresión más radical y salvaje del poder amenazado.

Desde los tiempos inmemoriales en que el patriarcado se fue configurando como la esencia cultural de la civilización, la relación entre hombres y mujeres se ha basado en esencia en una relación de poder. El poder del hombre sobre la mujer de quien debía proveerse para conseguir la continuidad del dominio y la permanencia de las relaciones sociales instauradas.

Tantos siglos de patriarcado han conseguido esa base cultural que es el sustrato que impregna la esencia del pensamiento tanto de hombre como de mujeres y que afecta a todas las clases sociales. El esfuerzo por superar esta realidad y llevarnos a una sociedad en la que impere fundamentalmente el respeto por el otro, la solidaridad, el compromiso y la igualdad requiere de un trabajo arduo y largo en el tiempo, transformador de esta sociedad en un camino diferente al que en este momento llevamos.

La exigencia por parte de organizaciones civiles, plataformas, sindicatos, asociaciones, coordinadoras, de un pacto de Estado contra la violencia machista no puede ser un objetivo que se quede en consigna de movilización del marco exclusivo de aquellos grupos ampliamente concienciados. Es necesario dar pasos en la dirección de convertir esta exigencia en un motivo de movilización a todos los niveles, incluído el laboral.

Debemos plantearnos que a la mayor brevedad posible la respuesta del mundo del trabajo sea asumir el compromiso de la lucha contra la violencia machista como uno de los elementos de la propia lucha de las trabajadoras y trabajadores. En el ámbito de las entidades locales, ayuntamientos y mancomunidades, por ser las más próximas a la ciudadanía y por tanto vivir de forma cotidiana la realidad de esta violencia que afecta a las vecinas y vecinos debemos abordar una respuesta contundente que haga que el Gobierno del Estado se tome en serio considerar el pacto que reclamamos como una prioridad esencial de la acción de gobierno.