En su día procedí a solicitar información a diversas entidades públicas sobre la organización y los costes de sus servicios editoriales. La verdad es que las respuestas de significadas entidades oficiales no pudieron ser más negativas y, por ello, tuve que concluir el proceso efectuando una clara y pública denuncia en este diario: Transparencia ( 8-XI-16). No podía ser de otro modo porque no hubo respuesta o bien se respondió a lo que se quiso responder o finalmente, como la Universidad Politécnica de Valencia, se me invitó a visitar su WWW . En consecuencia, recurrí ante el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y me ratifiqué en mi derecho a disponer de una serie de datos en todos y cada uno de los casos. No recurrí la respuesta dada por la Universidad Politécnica porque juzgué que el fallo emitido en relación con otra entidad que me invitaba a revisar la WWW, sería extensivo a la respuesta de la UPV.

Debo hacer justicia y reconocer que el Consejo, presidido por Dn. Ricardo García Macho, ha analizado todos los casos, ha estimado mis reclamaciones y en todos los casos ha razonado mi derecho a disponer de los datos solicitados. Ha sido reconfortante leer las distintas Resoluciones y creo que todos los ciudadanos deben ser conocedores de este instrumento. En consecuencia, todas las entidades han dado respuesta, tanto las que no respondieron a mi solicitud, como las que respondieron en parte o respondieron ocultando datos. Los fallos del Consejo no han podido ser más ilustrativos: se han facilitado datos reveladores o bien se han corregido otros datos porque las respuestas facilitadas no habían hecho honor a la verdad; en cualquier caso, todo lo revelado permite argumentar y urgir la propuesta que hicimos en su día sobre las ediciones oficiales en Texturas, nº.31.

En relación con quienes, como la Universidad Politécnica de Valencia, nos remitieron a la correspondiente WWW y evitaron dar respuestas concretas y puntuales, deben saber que el fallo del Consejo no puede ser más ilustrativo: razona y usa jurisprudencia muy clara para negar válidez a esa práctica que supone burlar la ley. El fallo emitido a favor de mi solicitud de información al Ayuntamiento de Valencia no ha tenido la respuesta a que obliga el fallo del Consejo; es el único fallo que no ha tenido el correspondiente aporte de información. Eso solo muestra a las claras su escasa voluntad de transparencia. Espero que ante este uso de la ley, también el Consejo haga valer mis derechos y se facilite «información sobre el total de las remuneraciones del personal dedicado a las tareas de Edición, incluyendo el coste de todos los complementos salariales, así como el total de las aportaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador correspondientes a 2015".

En cualquier caso, los ciudadanos deben saber que el Consejo de Transparencia examina cada petición y razona con claridad sus fallos. En sí mismo debemos defender una existencia digna para él mismo, porque constituye un motivo de confianza en una democracia tan castigada como la nuestra, aunque el Ayuntamiento de Valencia no haya dado respuesta a mi petición, pues probablemente hayan interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala. Vencerán por agotamiento de quien solicita la información, pero no me habrán burlado. El Consejo de Transparencia lo ha impedido.