22 de junio de 2017
22.06.2017

Empecinados con el SDDR

22.06.2017 | 04:15
Empecinados con el SDDR

Poco antes de las Navidades de 2015 el secretario autonómico de Medio Ambiente sorprendió a todos colgando un video en su Facebook anunciando «Jo no vull regals», en alusión a una práctica que se había erigido en tiempos del PP como dávidas a unos políticos que a día de hoy están, si no todos, muchos de ellos encausados por corrupción. Aquello causó cierto grado de admiración por lo inusual, pero algunas voces oficiosas ya cuestionaron que dicha peculiar manifestación no resultaba adecuada en la figura de un secretario autonómico. Porque como bien indicó su homólogo de Justicia y Administración Pública, Ferran Puchades, en una entrevista concedida a Valenciaplaza el pasado 12 de abril, «[los secretarios autonómicos] somos figuras de representación, no tenemos competencias directas, ni presupuesto, ni personal. Cumplimos con encargos concretos que nos realizan los propios consellers».

Pues bien, con una muy mala digestión a día de hoy por no haber sido nombrado en su momento como conseller, Julià Álvaro sigue con su cruzada personal en contra de las directrices de su superiora Elena Cebrián respecto del dudoso proyecto estrella de la consellería y que está resultando ser un problema y no una solución a la gestión de los residuos en la Comunitat Valenciana: la implantación con carácter obligatorio del controvertido Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

Tres cuestiones, a mi juicio, deberían ser resaltadas en torno a ello. La primera de ellas concierne a un principio básico de equidad ambiental porque el SDDR no discrimina a los actuales consumidores responsables de quienes hoy no lo son. Traducido a un lenguaje comprensible, significa: «Usted está pagando 5 céntimos de euro por la gestión responsable de un envase ligero, que deposita en el contenedor amarillo y que finalmente será triturado y recuperado. A partir de ahora, con el SDDR, pagará como mínimo 10 céntimos de euro para hacer exactamente lo mismo. A usted, que tiene una actitud responsable, le vamos a subir la tasa que paga ahora, no para que ese envase sea reutilizado (como antiguamente ocurría cuando lo devolvía) sino para que sea triturado. Para usted va a ser, por tanto, hacer lo mismo, pero mucho más caro». Más del 70 % de los ciudadanos valencianos gestiona bien los envases ligeros, y este porcentaje supera el 80 % si nos referimos a los envases de vidrio. Si la implantación del SDDR fuera finalmente aprobada por el Gobierno valenciano, se estaría cometiendo un flagrante acto de injusticia ambiental y no sería, desde luego, ejemplo de nada. Ni para los valencianos ni para otras comunidades autónomas.

El segundo punto es el porcentaje de residuos susceptibles de ser gestionados a través del SDDR, que como máximo es entre el 1,5 y el 2 % de todos los residuos producidos en la Comunitat Valenciana. En razón de ello, los contenedores amarillos y verdes no desaparecerían de las calles, y el sistema propio –y redundante– de recogida de los envases gestionados por el SDDR solo aumentaría –entre otros efectos–las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En la situación de cambio climático planetario en la que nos encontramos, esto es una irresponsabilidad manifiesta que no se entiende que sea defendida por la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, y aún se entiende menos que el Director general de Cambio climático y calidad ambiental, Joan Piquer, opine que «los argumentos en contra del sistema de depósito son folclore y florituras» (Levante-EMV, 9 de junio de 2017).

La tercera cuestión es cómo los comerciantes recuperan la inversión de las máquinas, cuyo coste se ha valorado en 20.000 euros cada unidad. Da igual que se teja cualquier solución de financiación blanda para que el desembolso les resulte menos gravoso de entrada. Está previsto que reciban la ridícula cantidad de 2 céntimos de euro por cada envase recogido, así que necesitarán 1.000.000 de éstos para amortizar el coste de una sola máquina. Y eso, sin obtener ningún beneficio por su trabajo. Si el recargo de 10 céntimos se devuelve íntegro al consumidor, ¿de dónde saldrán los 2 para amortizar la máquina? ¿Y el comerciante trabajará gratis por prestar este nuevo servicio a aquél? Es muy probable que el coste final de los envases aumente no 10 céntimos de euro, sino más bien 14 ó 15 y que antes o después sea repercutido al consumidor. Envases, por ejemplo, como los de agua mineral, líquido elemento de primera necesidad.

¿Qué motivo poderoso puede haber en el empecinamiento para implantar el SDDR cuando ha generado una oposición generalizada, desde luego mucho más allá de la esperable por parte de empresas afectadas como Ecoembes o de Ecovidrio? Para intentar contestar a esta pregunta, es obligado abrir el campo de mira y seguir la pista al dinero, como suele ser común en este tipo de conflictos.

La particularidad de las máquinas que recepcionan los envases es su tecnología. Están dotadas de un lector óptico cuya patente se encuentra en manos de Tomra, multinacional noruega que desde 1972 se dedica a la clasificación de materiales, y sus lectores ópticos son utilizados tanto por máquinas envasadoras de alimentos como en plantas de tratamiento de residuos que los discriminan para su posterior reciclaje. El negocio es redondo para Tomra, puesto que ocupa todos los nichos posibles del mercado. Pero sus prácticas empresariales no son todo lo éticas que deberían. De hecho, en 2006 fue sancionada por la Comisión Europea con una multa de 24 millones de euros por prácticas contrarias a la libre competencia, literalmente por «aplicar una estrategia de exclusión de depósitos en Austria, Alemania, los Países Bajos, Noruega y Suecia, con acuerdos de exclusividad, compromisos individuales relativos a las cantidades y sistemas retroactivos de descuentos, excluyendo así la competencia en los mercados». Y no sólo eso, sino que se especifica en la sanción que en el futuro «se abstendrán de repetir cualquier acto o conducta [€] que tenga un objeto o efecto idéntico o equivalente».

En la estrategia de negocio de Tomra 2013-2018 hay una previsión de puesta en funcionamiento en España de más de 15.000 máquinas para 2018. ¿En qué se basan si el SDDR no está implantado? ¿Es posible que la prisa que se muestra desde la Secretaría de Medio Ambiente por tener aprobada la norma en 2018 tenga que ver con el marco de expansión de esta empresa noruega?

El caso de Tomra es un case-study magnífico. En los mercados maduros, como lo son la mayor parte de las regiones europeas, la implantación del SDDR no sólo no es un avance, sino que ambientalmente es pernicioso, socialmente injusto y económicamente muy caro. Y por ello, la única solución que existe para implantarlo es lograr un cambio en la legislación de las administraciones públicas, que se consigue con la habitual estrategia de formar un estado de opinión propicio a ese cambio para que a los políticos no les resulte gravoso. Este estado de opinión se consigue diversificando las voces cantantes que lo defienden, como son las plataformas Retorna, Rezero, Recircula, partidos políticos como Verds-Equo o una organización de tan reputado prestigio como Greenpeace. Se da la imagen aparente de muchas organizaciones distintas opinando lo mismo, y además, disimulando su interés principal (establecer un SDDR que les permita colocar las máquinas) en medio de otros intereses más generales y más comprables por cualquiera (como la prevención de los residuos, el residuo cero, la no incineración o la lucha contra el abandono de residuos). Ciudadanos con la mejor de sus voluntades para luchar contra la contaminación ambiental –y que no tienen ninguna obligación de ser conocedores de estas estrategias o ser expertos en la gestión de residuos– son convencidos poco a poco con argumentos fáciles y demagógicos.

¿Qué intereses ocultos hay detrás de una defensa tan cerrada por la implantación del SDDR en la Comunitat Valenciana? El problema principal que tenemos no es ese nimio porcentaje de envases que podrían ser gestionados con el SDDR, sino la de miles de toneladas de residuos que, o no se gestionan, o siguen siendo enviadas fuera de la Comunidad porque en algunos consorcios no hay ni plantas de tratamiento ni vertederos y en otros en donde sí las hay, no funcionan correctamente. Intentar confundir a la ciudadanía –una vez más– con que la implantación de los ecoparques va a solucionar el problema, no es serio. Para el caso concreto de los plásticos, una solución mucho más efectiva sería actuar en el ámbito de la prevención como, por ejemplo, aprobar una normativa que limitara la utilización de estos materiales en la fabricación de bienes o la prestación de servicios, o seguir avanzando en el ecodiseño de envases, por ejemplo. De este modo se ahorraría además el consumo de petróleo, la materia prima de todos los plásticos. En un escenario de cambio climático, cuya importancia debería ser catalogada, esa sí, como una cuestión de Estado, la actitud de Julià Álvaro y los que lo justifican se vuelve día a día, más incomprensible.

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