Hemos podido leer estos días declaraciones de nuestro alcalde, Joan Ribó, en las que expresa que tiene «voluntad de mantenerse en el cargo al frente del Ayuntamiento si fuera elegido en las primarias de Compromís como candidato y luego votado por la ciudadanía» aunque, según su filosofía respecto a los cargos públicos, solo lo haría una legislatura más. No llamaría la atención si no fuese por su edad. Nace el 1947, por lo tanto cumple este año la edad de setenta años. En 2019, si se dan las circunstancias, optaría a la reelección, con setenta y dos años, que serían setenta y seis cuando finalice el supuesto segundo mandato.
Compromís y PSPV-PSOE definen la política de Función Pública valenciana. Ribó fue valorado idóneo por su partido al situarlo al frente de una Administración cuyo gobierno reviste un grado de complejidad indiscutible. Otro tanto ocurre con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y otros tantos cargos de confianza que ocupan, con más de sesenta y cinco años, puestos de eventuales en las plantillas de la Administración valenciana. Son el paradigma de los avances de la sociedad. Aumenta la esperanza de vida y, al mismo tiempo, las condiciones y posibilidades de desarrollar una vida profesional más allá de los sesenta y cinco años, con rendimiento eficaz y eficiente en lo profesional.
La especialización cuesta muchos años de alcanzar. Un buen profesor universitario tarda entre veinte y veinticinco años de formar. No menos cuestan los profesionales que, tras muchos años de ejercicio en la función pública, alcanzan un grado de especialización cuya expresión en términos de capital humano aplasta cualquier razonamiento de obligatoriedad de la jubilación. Es absurdo observar cómo la Administración valenciana prescinde de un capital humano difícilmente reemplazable en el corto y medio plazo. Se demanda justa financiación del Estado y se está renunciando a un capital humano que podría continuar prestando un servicio imponderable a los valencianos, por lo menos hasta los setenta años, siempre que ambas partes así lo decidan. Los subsecretarios de las consellerias asisten indefensos ante tamaña sangría de recursos humanos.
Cuando la necesidad aprieta, hay que ser valiente. ¿Por qué no atreverse a derogar la Disposición adicional Novena de la Ley 7/2014, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat? Dicha disposición, única en el Estado español, implantada por el gobierno del PP, por «razones presupuestarias y racionalización del gasto público», establece que la Generalitat «denegará todas las solicitudes que se formulen de prolongación de la permanencia en el servicio activo por el personal funcionario de la Administración de la Generalitat». No afecta al personal de la Administración de Justicia, de universidades o de Administración Local. Dudamos sobre la aplicación de esta norma, que trata de manera discriminatoria a los funcionarios de la Generalitat Valenciana con respecto a los del Estado y el resto de administraciones públicas.
Se dice que la causa de esta situación es la presión sindical en esta comunidad. Por qué al personal de la Administración del Consell sólo y no al resto de colectivos. Qué organización sindical incluye en sus estatutos que su personal ejecutivo deberá abandonar los cargos forzosamente a los sesenta y cinco años. Ni en Valencia ni en el resto del Estado. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha anunciado que renunciará a presentarse para un tercer mandato, aunque se lo había sugerido «la totalidad de las organizaciones a través de sus secretarios generales» y no por cumplir los sesenta y cinco años precisamente.
Si tenemos en cuenta que las Ofertas de Empleo Público de 2015 no están totalmente ejecutadas y que las de 2016 no están convocadas, la situación es de estrangulamiento. Se hace urgente la tramitación de una ley extraordinaria de supresión de la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, antes enunciada. Les propongo que lo hagan por el procedimiento de lectura única. Todavía estamos a tiempo de salvar situaciones excepcionales de personas que quieren y pueden aportar mucho a la Generalitat Valenciana. Ya está bien de derroche.
