29 de junio de 2017
29.06.2017

Preguntas sobre la caída del Banco Popular

29.06.2017 | 04:15
Preguntas sobre la caída del Banco Popular

En esta nueva situación, la ciudadanía va perdiendo la confianza ante gestores que no asumen, ni saben gestionar adecuada y éticamente, inversiones que deben tener total garantía jurídica. Un país que merezca un reconocimiento interno y externo debe transmitir seguridad y confianza, con ética y transparencia en su proceder.

Cuál ha sido la causa de la caída del Banco Popular? ¿Dónde están los informes? ¿Había falta de liquidez? ¿Por qué la Seguridad Social y algunas comunidades autónomas sacaron sus fondos antes?

En nuestra actividad profesional, habitualmente vemos y participamos en procesos de compraventa de acciones de sociedades, en las cuales siempre se realiza la correspondiente due diligence, proceso en el que se determina, con gran rigor y en primera persona, la proyección de la cuenta de explotación y del balance financiero, asumiendo, de este modo, un riesgo frente a una rentabilidad, también en primera persona.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que la compra del 100 % del Popular por un euro, por parte del Santander es una buena salida para la entidad y que se lleva a cabo sin la utilización de recursos públicos. Y que es decisión de las autoridades europeas intervenir la entidad tras ser declarada inviable por el Banco Central Europeo. Que se ha adoptado con total transparencia y en el cumplimiento estricto de la normativa comunitaria y para terminar asegurando que se ha actuado «en aras a garantizar la seguridad de los depositantes del Popular».

Pero caben tantas preguntas ?

¿Cuál fue la causa? ¿la falta de liquidez? Sin embargo la consultora Deloitte, experto independiente contratado por la JUR, indicó un valor negativo de 2.000 millones de euros.

¿Cuándo se harán públicos los informes que detallen los datos correctos? No hay que olvidar que nos encontramos, o así lo pensamos, en un Estado de Derecho, que garantiza los derechos de sus ciudadanos y prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos.

¿Qué seguridad e imagen podemos dar a los inversionistas extranjeros? Porque los nacionales ya nos vamos haciendo una idea de que la legalidad está sólo para cumplirla por una parte de la sociedad.

¿Por qué la Seguridad Social y alguna comunidad autoóma sacaron fondos del Popular antes de la resolución? Como siempre, información privilegiada en los días previos a la decisión del banco de comunicar al supervisor europeo su incapacidad para seguir operando, a pesar de la línea de liquidez de emergencia de 3.000 millones de euros facilitados por el BCE y que se agotaron en apenas tres días.

Caben ahora las acciones legales a plantear, desde los distintos casos de afectados, que una vez más se encuentran en una situación de desesperación, donde se ven los esfuerzos del trabajo en unos ahorros perdidos y sobre todo mal gestionados.

Como decíamos al principio, cuando invertimos en una empresa no cotizada, con la compraventa de participaciones o acciones de manera directa, el riesgo aparente puede ser mayor, si bien no queda en manos de terceros, sino en las del propio inversor o inversora, que es quien realiza en primera persona la due diligence, quien además puede tener la potestad de participar en juntas y aprobar o reprobar de manera fehaciente incluso la gestión del órgano de administración.

¿En qué empresa haríamos una ampliación de capital como la hizo el Banco Popular para asumir deudas? Sólo la haríamos para asumir inversiones, y en caso de encontrarnos ante una situación de insolvencia, plantearíamos un concurso, asumiendo todas las responsabilidades del órgano de administración, y además tendríamos un plan de prevención de riesgos penales.

Estas son las reflexiones que debemos plantearnos, ante una nueva situación en la que la ciudadanía con sus ahorros, empresarios y empresarias con sus resultados, van perdiendo la confianza –palabra maravillosa– de ceder a terceros que no asumen, ni saben gestionar adecuada y éticamente, inversiones que deben tener total garantía jurídica.

Un país que merezca un reconocimiento interno y externo debe transmitir seguridad y confianza, con ética y transparencia en su proceder. Nos gustaría volver a enamorarnos de nuestro país.

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