30 de junio de 2017
30.06.2017

Un año que no ha pasado en balde

30.06.2017 | 01:42
Un año que no ha pasado en balde

El 31 de mayo de 2016, el Tribunal Constitucional falló respecto a la ley valenciana de régimen matrimonial económico, y terminó de derogar toda la producción normativa en derecho civil valenciano moderno. Lo hizo, como en las ocasiones anteriores, en virtud de una interpretación restrictiva de la Constitución donde se habilita la competencia legislativa «a los derechos forales y especiales, que cabe su modificación y desarrollo allá donde existan». Asimilando la existencia con la vigencia. En todo caso, esto supone un agravio y una injusticia histórica que conduce a la Comunitat Valenciana a ser la única autonomía con derecho foral que no puede modificarlo y desarrollarlo. Una anomalía que merece ser subsanada máxime cuando el derecho, la ley, los Fueros representan la seña de identidad más primigenia y originaria del pueblo valenciano.

Partiendo de esa zona cero, la Associació de Juristes Valencians ha conseguido revitalizar la reclamación y mantener en la agenda política y social la cuestión. 196 municipios han aprobado ya la moción pro derecho civil valenciano. Esa fuerza municipal representa a más de un 80 % de la población total valenciana. Las tres diputaciones provinciales también se han adherido a la iniciativa, así como Les Corts. Se han realizado actividades divulgativas en la Universitat y descentralizadas en diferentes municipios como Benicarló, Alcoi, Canet d´En Berenguer, Benifaió, con especial mención del acto municipalista en el cap i casal que congregó a más de trescientas personas entre electos y representantes la sociedad valenciana. Una vez sustanciada la base del amplio apoyo social e institucional, cabe recordar que más de una veintena de entidades de carácter cultural, sindical o profesional se han adherido. De naturaleza tan diversa como el sindicato CSI·F, el Colegio de Ingenieros Industriales o el colectivo Lambda. En todo caso, la actividad de la entidad presidida por José Ramón Chirivella ha trascendido a la campaña de búsqueda de apoyos para la causa, presentando a todos los grupos con representación una propuesta de modificación técnica de la Constitución redactada por el jurista Luis Higuera, que a todas luces puede dar solución al problema.

Sólo la unidad de acción a partir de un consenso unánime puede llevarnos a la meta. Se trata de la reintegración de una competencia simbólica, que constituye el ADN del pueblo valenciano. Fiar la recuperación de la competencia a una posible o probable reforma constitucional supone archivar la cuestión con el riesgo de que quede olvidada en el baúl de los fracasos. Conviene, pues, superar barreras que nos hicieron invisibles en la redacción de la Carta Magna de 1978. Para ello toca, como decía Nicolau Primitiu, «treballar, persistir, esperar».

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