Autopsia de las mociones de censura

Por las circunstancias señaladas podría decirse que los que han presentado, hasta la fecha, las mociones de censura han realizado una interpretación heterodoxa de la Constitución, pues del artículo 113 de la misma se deduce (pese a que solo se exige que venga respaldada por una décima parte de los diputados, 35 en la actualidad) que debería ser la consecuencia de un acuerdo previo de una mayoría de diputados al menos en dos extremos: la necesidad de expulsar de la presidencia del Gobierno al titular del mismo; y un candidato a la presidencia del Gobierno. Pues en otro caso, es decir, de no concurrir los requisitos anteriores, se estaría desvirtuando un instrumento democrático de considerable trascendencia hasta convertirlo en una farsa que los ciudadanos no merecen.

El PSOE, tras perder las elecciones generales en 1977 y 1979, presentó el 29 de mayo de 1980 una moción de censura contra Adolfo Suárez que incluía a Felipe González como candidato a la presidencia del Gobierno. Debe recordarse que la UCD contaba con 168 diputados, es decir, no tenía mayoría absoluta en el Congreso ni tampoco acuerdos de gobierno estables para garantizarse la mayoría absoluta que obtenía mediante acuerdos puntuales, y el PSOE era el primer partido de la oposición con 121 diputados. La moción de censura le sirvió a González para afianzar su liderazgo en el PSOE, reconvertido en partido socialdemócrata, para acreditar su perfil de gobernante y, sobre todo, para demostrar, una vez más, que era un excelente parlamentario, virtud ésta que no concurría en Suárez. Y aunque el socialista no venció con los votos, consiguió que otros partidos políticos se adhirieran a la moción hasta conseguir 152 votos frente a los 166 de UCD; los demás diputados o se abstuvieron o no acudieron a votar. Pero el caso es que la UCD que sustentaba el Gobierno, pese a su aislamiento, no sucumbió como consecuencia de la moción del PSOE, ni por su oposición a lo largo de la legislatura, sino por sus divisiones internas y la falta de liderazgo de Suárez, que acabó abandonando el partido que había fundado en 1977.

Antonio Hernández Mancha, nombrado presidente de AP sin ser diputado en el Congreso, presentó una moción de censura a Felipe González el 26 de marzo de 1987 con la única finalidad de afirmar su liderazgo en AP. Pero la moción carecía del menor sentido porque el PSOE disponía de una holgada mayoría absoluta en el Congreso y Alianza Popular, junto con un partido regionalista valenciano (Unión Valenciana), aunque era el primer partido de la oposición solo contaba con el apoyo de 67 diputados. De manera que la moción de censura no podía tomarse en serio. Hernández Mancha sufrió un duro castigo en el Congreso frente a parlamentarios mucho mejor dotados que él, y con un programa de recambio que no suscitaba entusiasmo alguno. Lejos de afirmar su liderazgo la moción de censura fue el principio del fin de su liderazgo, que determinó el retorno de Manuel Fraga a la dirección de Alianza Popular. Pero es el caso de que González no fue desalojado de la Moncloa por la oposición de AP, después PP, ni tampoco por el insistente «váyase señor González» de José María Aznar, sino por sus propios errores y por los escándalos de corrupción.

La moción de censura de Pablo Iglesias a Mariano Rajoy, del pasado 13 de junio, es la más heterodoxa de las habidas hasta la fecha. Podemos es el tercer partido político del Congreso y esta sola circunstancia hacía imposible su éxito. Es difícil creer que el destinatario final de la moción fuera Rajoy, y más creíble que su destinatario fuera el PSOE. A la moción de Iglesias puede aplicarse eso de que «no es lo que parece». En efecto, la moción de censura se presentó cuando el PSOE se encontraba en pleno proceso de elección de su secretario general, es decir descabezado. Y una vez que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE, Iglesias condicionó la retirada de su moción al compromiso de que los socialistas presentaran su propia moción de censura, lo que no era posible en esos momentos en que el PSOE se encontraba en la antesala de su congreso. No era la primera vez que Iglesias actuaba deslealmente con el PSOE, con el que dice querer gobernar, y una vez más acredita que no es persona en la que el PSOE pueda confiar.

A Rajoy, aunque manifieste en público lo contrario, le conviene que Iglesias sea su único contrincante en el Congreso, una vez que Sánchez ha sido elegido secretario general del PSOE y quedado inevitablemente fuera del Congreso al no ser diputado. El extremismo de Iglesias es una garantía para el PP (como Fraga lo fue para González). Y la inevitable pugna entre Sánchez e Iglesias, de nuevo, beneficia a Rajoy que, sin embargo, tiene el compromiso gratuito de Sánchez de respaldarle en cuestiones de Estado.

Rajoy, volviendo a la moción de censura, no se molestó en rebatir el argumentario repetitivo, soporífero y exagerado sobre la corrupción de su partido, y le bastó para liquidar, parlamentariamente hablando, a Irene Montero primero y a Pablo Iglesias después destacar la visión tercermundista de España que se desprendía de sus discursos y el tono inmoderado de los mismos. Solo Albert Rivera desmontó los argumentos de Iglesias, lo que le valió una irritada descalificación personal, traspasando todos los límites en los que deben rebatirse a los adversarios políticos, descendiendo a un lenguaje más propio de una taberna que de la sede de los representantes de la soberanía. Iglesias consiguió irritar a todos los grupos de la Cámara enseñando su disfraz de lobo, salvo con el PSOE al que pretendió seducir, de nuevo, con su vestimenta de cordero. El tiempo dirá si de nuevo el PSOE cae en la telaraña que Podemos está tejiendo en torno suyo.

Las mociones de censura se han utilizado hasta la fecha de modo heterodoxo para finalidades muy diferentes a las previstas en la Constitución. Pero no puede decirse que sean inútiles, pues mucho nos dicen sobre las cualidades y las deficiencias parlamentarias y personales de los líderes de los partidos políticos, así como de las visiones que cada uno de ellos tiene de los problemas de los ciudadanos. Pero no se debe jugar con las instituciones, pues el uso incorrecto de las mismas las deteriora y desacredita a los que abusan de las mismas.