Déficit democrático en las cámaras

Si yo fuera presidente o directivo de la Cámara de Comercio me preocuparía la falta de participación de los miembros del Pleno, su máximo órgano de gobierno y en vez de espaciar sus reuniones o la de las comisiones de trabajo, intentaría integrarlos para enriquecer el debate y contar con sus opiniones. ¿Es bueno que se compren los puestos en el Pleno? ¿Desde cuándo es más libre y democrática una votación a mano alzada que una votación secreta? ¿Quién decide cuáles y cómo son las organizaciones empresariales más representativas? ¿Para qué se quiere asistentes al Pleno sin voz ni voto? ¿Cómo se puede obligar a un miembro del Pleno a votar? Éstas y otras cuestiones se incluyen, por acción u omisión, en el borrador del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara pendiente de aprobación por parte de la Generalitat Valenciana.

Amenazadas. Las Cámaras de Comercio pasan por un declive institucional y democrático desde que, a finales del siglo XX, les declararon la guerra las grandes empresas lideradas por Ford y aliadas con CEOE que -desde sus orígenes en el Sindicato Vertical franquista- siempre vieron a las Cámaras como estorbo y competencia. En vez de tenerlas como aliadas en la actividad económica y empresarial. Con el primer gobierno socialista de Felipe González en 1982, las Cámaras se salvaron in extremis. No corrieron la misma suerte que las Cámaras agrarias y las de la propiedad inmobiliaria, que fueron eliminadas. La siguiente crisis cameral se resolvió con la Ley de Bases de 1993, el refrendo del Tribunal Constitucional en 1996 y la aquiescencia de notables empresarios liberales que entendían el papel irremplazable de estas entidades intermedias de la sociedad. El principal escollo sigue siendo el apellido oficial de las Cámaras. Las Cámaras si no existieran habría que inventarlas. Pero manteniendo su sentido fundacional para desempeñar sus funciones al servicio de los intereses generales de la economía. Son hijas de la crisis económica del último cuarto del siglo XIX y vinieron a reemplazar la incapacidad de los empresarios para organizarse y trabajar conjuntamente para el progreso de la sociedad.

¿Quién manda? El borrador de reglamento, que obedece a las leyes española y autonómica de Cámaras de Comercio de 2015, adolece de fallos de redacción y sintaxis, así como de aspectos ininteligibles, reiterativos, confusos y hasta contradictorios. En los próximos plenos habrá 12 miembros elegidos entre las empresas que más paguen a la institución, más otros cinco, que con voz y sin voto, también se nombrarán por el principio, nada democrático, de que hayan hecho aportaciones voluntarias superiores a seis mil euros anuales. Así, en el máximo órgano de gobierno de la corporación de derecho público habrá 17 asistentes cuyo principal mérito es pagar dinero a la institución. Esta situación, que se deriva de la Ley de Bases de 2015, quiebra el principio democrático de elección universal y rompe con la tradición secular de las Cámaras. Nacieron en 1886 con vocación de ser representativas del tejido empresarial, tal como consagró después la Ley de Bases de 1911, vigente hasta 1993. El golpe de gracia se lo dio el socialista José Luis Rodríguez Zapatero el 3 de diciembre de 2010 al suprimir por decreto las cuotas y la pertenencia obligatorias sin pensar alternativas.

Subterfugios. Así, las Cámaras se ponen al servicio preferente de las empresas que más paguen, sin que sean las más importantes. No en razón al número de empleados, facturación, beneficios, tributación, implantación territorial u otro criterio objetivo. Manda el que más paga, como en las sociedades anónimas y en los grupos de presión. Otra de las dimensiones consagradas en este borrador corresponde a la confusión, que tanto gusta, de mezclar lo público con lo privado y la introducción de la capacidad de las Cámaras oficiales para participar en operaciones mercantiles que llevan a esquivar la Ley de contratos del Estado. Las Cámaras tendrán dos contabilidades -¿les suena de algo?- aunque mantendrán la preceptiva unidad de caja. Más resquicios y menos democracia.

Las Cámaras de Comercio están en crisis. Su subsistencia digna es competencia y responsabilidad de la Generalitat Valenciana. Se les encomiendan funciones sin prever cómo se han de financiar. Cuando se crearon en 1886, por Real Decreto de la reina María Cristina, fue un momento que guarda paralelismos con el actual. Desbarajuste empresarial, falta de confianza de los empresarios en sus entidades representativas y carencia de liderazgos válidos. A base de argucias, opacidades, concentración de poder, intromisión de los lobbies o politización en su orientación, lejos de mejorar el funcionamiento se perjudica su credibilidad.