Un titular de hace unos días resultaba muy elocuente y cierto: España afronta este verano con el menor nivel de reserva de agua desde 1995. Recordemos que ese fue el año cumbre de la última gran sequía ibérica que se desarrolló en nuestro país en los primeros años de esa última década del siglo pasado. Ahora vuelve a afectarnos una coyuntura de sequía intensa y con el problema del agua sin resolver. Se han elaborado los planes de demarcación hidrológica hace tiempo y todos esperábamos que el gobierno redactase un nuevo plan hidrológico nacional que dejase resuelta la gestión del agua en nuestro país para las próximas décadas, al menos hasta mediados del presente siglo.
Pero no ha sido así, no se ha afrontado este tema en los años lluviosos últimos que hemos pasado. Y ahora nos pilla una nueva sequía que tiene trazas de convertirse en una gran sequía ibérica de larga duración. La Ministra de Medio Ambiente se ha comprometido a iniciar este proceso conducente a un gran pacto nacional del agua lo largo del mes de julio. Confiemos que así sea. Y mientras tanto el ambiente comienza a crisparse. Vuelve el debate de partidarios de los trasvases o de las desaladoras. Tan malo, de entrada, es una postura como la otra. Son políticas de oferta en un contexto que debe apostar por la sostenibilidad ambiental y territorial, en un proceso que no tiene vuelta atrás. En momentos de sequía no hay agua para trasvasar. Y se encarece el precio de la energía porque no se puede producir hidroelectricidad. Así que estas dos soluciones no son, a priori, las más aptas. A corto y medio plazo el futuro del agua en España pasa por la reutilización, querámoslo o no. Eso supone invertir en la mejora de las plantas y sistemas de depuración de agua, para que esos volúmenes regenerados puedan emplearse en todo tipo de usos. Y junto a ello puntualmente, la desalación y el mantenimiento de las actuales transferencias, si es posible. Sabedores que en cada territorio hay un recurso de abastecimiento principal (superficial o subterráneo) que debe ser completado con estos otros. Esta debe ser la lógica de la planificación y gestión futura del agua en un país que va a experimentar una disminución generalizada de precipitaciones por efecto del calentamiento térmico planetario que según recientes investigaciones será más intensa que lo señalado en la Instrucción de Planificación Hidrológica del año 2008. Y en un país que tiene pendiente un debate sobre el futuro de sus producciones agrarias. Algunas de ellas nada rentables pero demandantes de mucha agua para su mantenimiento. Sólo habría que pedir ahora rapidez en la toma de decisiones y sosiego en el debate del agua. Evitando enfrentamiento y descalificaciones entre partidarios de unas u otras opciones. Y sobre todo mostrando a la sociedad el coste ambiental y económico real, con datos concretos, de las diferentes opciones posibles. Aspecto este último que, por sistema, ha faltado en los procesos últimos de planificación del agua en nuestro país y que no han hecho sino alimentar falsas expectativas y engaños a la gente con propuestas irrealizables; realizando con urgencia actuaciones desde la irresponsabilidad del despilfarro de dinero público. Y, en definitiva, generando frustración entre unos usuarios que ven como pasan los años sin solucionarse esta cuestión de una vez y para el futuro.
