No soy técnico. Tampoco tengo conocimientos de ingeniería. Ni de obras públicas. Pero como ciudadano he de confesar mi inquietud por algunas situaciones, por llamarlas de alguna forma, desveladas en las páginas de este periódico ayer.
Que una viga que pesa 700 kilos se desprenda de la bóveda de un túnel de metro y un cable de la catenaria impida su caída sobre las vías o un convoy en una hora punta de funcionamiento, es un hecho gravísimo que ha comprometido la seguridad de los usuarios y que no se puede cerrar con un simple «ya se ha reestablecido el servicio». Otra vez la línea 1. Aunque en esta ocasión las circunstancias se han conjurado para impedir una tragedia; los cables han soportado el peso de la enorme pieza de metal que se quedó allí puesta desde que se utilizó como raíl para transportar las tolvas de hormigón durante la construcción del túnel, en los años ochenta.
A pesar de la gravedad del incidente, ningún responsable de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana (FGV) o de la conselleria de Infraestructuras ha sido capaz de aclararlo. Solo avisos publicados en la página web de la compañía para informar a los usuarios sobre los cortes de las líneas afectadas.
¿Dónde están las explicaciones del nuevo director general de la compañía, Juan Andrés Sánchez? ¿Y las de la consellera de Infraestructuras, Maria José Salvador?
Han tenido que pasar más de 24 horas y que Levante-EMV desvelara las razones por las que se produjo el grave percance en el metro para que desde FGV se vieran obligados a anunciar una revisión de la situación de todos los túneles del metro.
¿Qué se ha hecho entonces en los dos últimos años de gestión al margen de las lamentaciones de falta de personal y presupuesto? ¿Alguien habría dicho algo si este periódico no hubiera desvelado el origen del incidente? ¿Alguien se responsabiliza de lo sucedido?
¡Todas las quejas que se expresaron desde la oposición por la falta de transparencia del Gobierno de Camps en el doloroso accidente del 3 de julio de 2006!
Pero si inquietante es lo del metro, lo del crematorio de València no le va a la zaga. Que alguien me explique cómo pueden quedar restos de huesos humanos en una incineración que se realiza a cerca de 900 grados durante más de dos horas y los posibles restos cálcicos que quedan de la cremación se supone que pasan por un «cremulador» que los convierte en cenizas.
Y lo peor de todo, que estos restos terminen esparcidos por un solar o un jardín.
Y este hecho, que afecta a la propia dignidad de finado y su familia, lo resuelve el Ayuntamiento de València con una sanción de 4.101 euros a la concesionaria. Y la concejala de Cementerios, Pilar Soriano, se queda tan ancha. «Es posible que quede algún hueso por consumir», dice. «Lo que no es normal es que lo dejen en cualquier sitio». Pues no, no puede quedar ningún huesecillo por consumir. Todos los restos tienen que ir a la urna que se entrega a la familia, tal y como recoge el artículo 53 del reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
Y certificarlo.
Sin palabras.
