El ácido Cioran escribió que "el hombre que practica la lucidez durante toda su vida acaba siendo un clásico de la desesperación". Si el rumano, auténtico líder del pesimismo filosófico, tuviera razón, resultaría obvio que el político no puede abusar de la lucidez, pues entonces el mundo estaría gobernado por una élite de desesperados. Sin embargo, en ocasiones la lucidez es imprescindible para no vivir contradicciones políticas insuperables. El encabezamiento de esta columna, más que una exageración puede ser una reflexión sobre la realidad que estamos viviendo.
La Cuenta General de la Generalitat Valenciana (GV) de 2016, una especie de gran hoja de cálculo que recoge la losa del pasivo acumulado durante veinte años, asciende a 45.845 millones de euros. Al darla a conocer, un sincero conseller Soler estuvo lúcido, y en consecuencia algo desesperado: "Los indicadores revelan una evolución positiva, pero la Cuenta constata que, sin un nuevo sistema de financiación, la recuperación de la Hacienda valenciana es inviable. La losa de la infrafinanciación, unida al lastre derivado de la mala gestión del pasado, están hipotecando nuestro futuro".
Con la situación financiera que heredó hace dos años, el Consell pecó de iluso cuando prometió medidas que dependían de su capacidad económica y de su solvencia administrativa, como son los episodios de resucitar RTVV y de suprimir el copago. Afortunadamente, ha sido la incompetencia de los redactores de los decretos y reglamentos la que están retrasando los proyectos, ya que si se sigue con ellos, desgraciadamente vamos a tropezar con la cruda realidad de que en la caja no hay dinero para todo.
El paradigma de vender una supuesta política progresista, basada en un dinero del que se carece, es la consellera de Sanidad, quien está empeñada en vivir alejada de la lucidez, y, por ende, poco desesperada. Montón vive contenta con su ceguera ideológica, que le impide analizar con rigor los recursos disponibles, en tiempos de deudas formidables. Un mujer inmersa en el ritmo de las primarias de su partido e incapaz de distinguir entre la situación del Consell y los altibajos propios de su carrera personal de militante.
Contamos con un Consell bienintencionado y más honrado que los que actuaron en los años ZOC (Zaplana-Olivas-Camps), pero este equipo tiene ante sí el dilema moral de la coherencia que encierra empeñarse en seguir gobernando una GV que en su actual formato, califican de inviable. Han sido demasiados los meses manteniendo una línea estratégica basada en 'así no podemos seguir' para acabar profesando exactamente lo contrario, esto es, mantener la misma administración y pretender gobernar con rigor. Lo ocurrido en España en estos últimos meses no ha jugado a su favor y que todo lo ha fiaron a una reforma retroactiva de la financiación de la GV.
El ritmo incontrolable del conflicto con Cataluña ha hecho que el problema de la financiación del resto de comunidades autónomas (CC AA) haya quedado orillado y probablemente bloqueado. Es curioso que a pesar de que de esta financiación dependan muchos servicios básicos, incluso el Centro de Investigaciones Sociológicas no incluya el tema cuando establece la treintena de problemas que pueden preocupar a los españoles. Añadido a lo anterior está el probable gatillazo que se anuncia en el contenido del informe de los expertos a los que se ha encargado un nuevo modelo de financiación. Desafortunadamente, las personas que allí han acudido lo han hecho con las banderas de quienes les propusieron, cosa que condiciona sus respectivos niveles de autoridad moral. Algo no funciona para nosotros ya que, cuando las última cifras nos dicen que la GV tiene préstamos por valor de 35.655 millones de euros acumulados en el FLA desde 2012 (el 75 % de los números rojos de nuestra Cuenta General) la propuesta consiste en la desaparición del mecanismo, buscando una cierta situación de normalidad como si el actual Estado autonómico y sus competencias fueran intocables. Nadie sabe cómo llegar a una situación en la que alguien que no sea el estado esté dispuesto a prestar a las CC AA en condiciones que sean aceptables. Un nuevo modelo es una materia exclusiva para políticos con coraje.
Las posturas en España hoy son irreconciliables ante la posibilidad de una quita o mutualización de parte de esta deuda de las CC AA. Unos hablan de endeudamiento justificado por la crisis y la infrafinanciación, otros defienden que una medida de este tipo sentaría un mal precedente y conllevaría "un riesgo moral", al premiar a quienes no han venido haciendo sus deberes. Todo ello con el trasfondo de una Cataluña que hoy tiene el mismo derecho para recibir el FLA que cualquiera de las otras CC AA, aunque amenace con irse en 48 horas sin reconocer ni pagar lo recibido.
Los expertos más conscientes piden tiempo para dar, si existiera, alguna luz para un nuevo modelo de financiación, pero la discusión ha derivado hacia temas prosaicos e inmediatos como la de un reparto asimétrico del déficit. Mientras, los presupuestos de 2018 están haciéndose sin ninguna reforma del modelo como demuestra el silencio sepulcral de Rajoy y Montoro al respecto. Solo vascos y canarios parecen saber hacia dónde caminar aritméticamente con un PP que sólo sabe negociar en términos de dinero y de desprecio a los que no le votan.
Las discusiones sobre el proceso de independencia de Cataluña han desvelado y puesto sobre la mesa que nuestra Constitución permite la existencia de CC AA con atribuciones que no necesariamente coinciden con las actuales. Por ejemplo, aplicar, digamos para octubre, el artículo 155 tendría un efecto directo sobre los Mossos, pero nada se espera que ocurra con los maestros catalanes.
Es difícil entender que alguien se empeñe en hacer algo en circunstancias que lo hacen inviable. Cuando se dice: ¡Así no se puede gobernar!, las palabras tienen su significado. En este contexto de aquello que se puede o no gobernar, el Consell debería tomar algunas decisiones valientes aunque fueran consideradas de baja corrección política.
