El fallecimiento altera temporalmente en España el concepto de una persona. Jamás se permitirían este lujo deformador en Estados Unidos o Inglaterra, donde la desaparición de Margaret Thatcher fue saludada por el cineasta Ken Loach con la sugerencia de que "privaticemos sus funerales". Miguel Blesa no se ha beneficiado del respeto ancestral de sus compatriotas a la muerte, que no a los muertos. El expresidente de Caja Madrid fallece de un tiro autoinfligido en una finca de 1.600 hectáreas, en el mismo entorno grandioso de su gestión bancaria. La ubicuidad de las hemerotecas digitales emparenta el fatal desenlace con la supernova de la entidad que incendió a un país entero, mientras su sumo rector se debatía entre marcas de caviar, de vinos impronunciables, de suites con vistas al mar y de coches blindados.
Blesa muere de cacería. De cazador, no de presa. Cuesta atribuirle la categoría de víctima incluso en su último día de vida, transcurrido en un coto vedado a la inmensa mayoría de ciudadanos. No fallece por culpa de una persecución, sino mientras preparaba una matanza de mamíferos. Su gestión ha dañado irreversiblemente la salud de miles de preferentistas y accionistas, por no hablar de los millones de personas ajenos a su despilfarro pero que han sido obligados a sufragarlo. Nadie puede culpar a Blesa en solitario, el Gobierno y el Banco de España fueron cómplices que jamás abonaron una factura.
La cruzada italiana de mani pulite también cursó con una cadena de suicidios de los implicados, sin olvidar al todopoderoso Raul Gardini que fuera socio de Mario Conde. Algunos de estos empresarios adjuntaron la confesión manuscritas de su fraternidad delictiva con la clase gobernante. No adquirían la constancia de lo que les habían hecho, sino de lo que habían hecho. El porvenir de Blesa no se medía en hectáreas donde cobrarse piezas a tiros, aunque ya abatió al juez que se atrevió a encarcelarle y atrapó una prórroga en el cumplimiento de la pena. No tenía futuro, porque no podía cambiar de pasado.
