La situación de la educación valenciana no es sostenible ni a corto ni a medio plazo. He escrito en esta misma tribuna que los objetivos del plurilingüismo centrados en la enseñanza comprensiva del valenciano, el castellano y el inglés son perfectamente asumibles por todos, pero ya no estamos en condiciones, en este momento, de hablar de esto por una razón: la educación valenciana está toda ella en manos de los juzgados. Y esta es una situación de una profunda gravedad política y, lo que es más importante si cabe, educativa en sentido estricto para las familias, los centros docentes, el profesorado y todos los agentes que confluyen y hacen posible el proceso educativo mismo.
El TSJCV ha proporcionado una respuesta clara con respecto al decreto de plurilingüismo del Consell. Está cautelarmente suspendido. Lo que quiere decir que es inaplicable en este momento procesal y que, por lo tanto, no puede comenzar el próximo curso académico, 1 de septiembre a todos los efectos, regido por él. Se podrá argüir, como ya ha hecho el conseller Marzà que el TSJCV no ha entrado en el fondo de la cuestión y que la consellería ha recurrido, o piensa hacerlo, al Supremo. Está en su derecho, pero la suspensión del TSJCV le obliga o bien a elegir un camino diferente de aquí al 1 de septiembre a fin de comenzar un curso con su principal norma educativa suspendida o volver al decreto de 2012. Esa es la realidad y no otra.
Parece que los criterios moderados siempre están de más en nuestra política. Desde luego a mí la situación me parece catastrófica y lamentable, tanto desde el punto de vista político (la imposibilidad hasta la fecha de haber abierto un corredor educativo entre todas las fuerzas políticas valencianas) como propiamente docente. Pero la situación es todavía más compleja: el TSJCV va respondiendo a las demandas por supresión de unidades concertadas de Bachillerato en diversos centros. Y falla a favor de esa concertación, lo que hay que acatar, asumir y desarrollar favorablemente.
Por si las cosas todavía no fueran suficientemente turbias las declaraciones de la vicepresidenta Oltra refiriéndose a la oportunidad o inoportunidad de las presuntas opiniones políticas del TSJCV ha propiciado que el conjunto de asociaciones de jueces, amén del Colegio de Abogados de Valencia, le recuerden que estamos en el pleno ejercicio de las competencias del poder judicial en un Estado de Derecho. Más, el propio TSJCV ha explicado no tener el menor interés «político» en las sentencias o autos al respecto emitidos, que siguen la jurisprudencia al respecto del propio Tribunal Supremo al que recurre o recurrirá la Conselleria de Educación.
El PPCV tiene ante sí también una disyuntiva que reflexionar como oposición al Consell. Si tensiona mucho la cuerda política con respecto al contencioso educativo, puede poner en una situación incómoda al culto, fino, diplomático y más que prudente ministro de Educación, mi antiguo amigo Íñigo Méndez de Vigo, que tiene ante sí el políticamente bien dificil reto de intentar alcanzar un acuerdo (yo ya no me atrevo a llamarlo pacto) educativo nacional en España. En 40 años de democracia, y ya es fracaso, hemos sido incapaces de alcanzarlo. Sin duda, entre los muchos interlocutores del PSOE que Méndez de Vigo tendrá, el nombre del actual secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, es seguro que cuenta. La última vez que yo coincidí, ya hace años, con Soler en un debate sobre la LOE, no llegamos a acuerdos, porque entonces, y Miguel lo recordará, no se podía acordar nada entre PSOE Y PP que no, presumo, entre un hombre prudente y versado en materia educativa como él y un servidor.
Precisamente por ello, también al PSPV, president Puig, le debería interesar políticamente que esta situación entiendo que no se pudriera más de lo conveniente ni más lejos de lo necesario.
Recuerdo que mi muy buena amiga parlamentaria y exministra Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, me decía que lo peor que le podía pasar a un profesor es que lo hiciesen ministro. Y no digamos al ministro Gabilondo, a quien su no partido, el PSOE, como el PP de entonces, que no es el de ahora mismo ni de causalidad, le hicieron imposible una sensata reforma educativa que se llevó bien entre manos. Lo propio de un catedrático de Metafísica, por otro lado.
Quisiera pensar que Ximo Puig, como presidente del Gobierno valenciano, está en condiciones de enderezar esta situación. Establézcanse puentes. Son imprescindibles.
