No es aventurado decir que hoy arranca uno de los mayores retos a los que se enfrenta la clase política y que marcará indudablemente esta legislatura: el cambio del sistema de financiación autonómica. Los informes que hoy presenta la comisión de expertos, convocada por el Gobierno, sobre la financiación autonómica supondrán el pistoletazo de salida para dar solución a un modelo, aprobado en tiempos del PSOE, que perjudica a la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio el pasado lunes en Benissa la fórmula para arreglar el sudoku de la financiación: mucha empatía y voluntad política. Y eso es lo que desde aquí pido al gobierno de todos los valencianos. En su mano está contribuir a que se alcance un acuerdo satisfactorio para todos los valencianos pero ello exige, irremediablemente, que tengan más altura de miras y dejen de lado un discurso victimista, demasiado similar al empleado en Cataluña y que genera tensiones que no solucionan en nada los problemas de los ciudadanos.

Es el momento de la negociación política en mayúsculas. El momento de pensar en el todo, de dejar de lado los intereses partidistas y de buscar un modelo que refuerce y mejore el sistema que sostiene el bienestar de los españoles, vivan donde vivan. En definitiva, es el momento de hacer justicia con la Comunitat Valenciana y ello no se conseguirá si el Consell decide mantener una postura frentista y cortoplacista.

Todos coincidimos que el actual modelo perjudica a la Comunitat Valenciana pero parece que a los dirigentes del PSPV y de Compromís se les olvida que fue el PSOE el artífice del modelo. Echar la culpa de todo al PP y a ese ente tan interesadamente demonizado al que llaman Madrid es precisamente lo que puede echar al traste un pacto beneficioso.

La realidad es tozuda y las cifras también. El Consell no puede esconder que tiene 2.014 millones más que hace dos años, cerca del 2 % del PIB de la Comunitat, ni puede minimizar una inyección de liquidez como la que recibió la semana pasada (1.186 millones) que equivale a 296 colegios o 36 hospitales. 1.186 millones de euros, señores del PSPV y de Compromís, no son ni una burla ni un chiste. Sirven para pagar a muchos proveedores y mantener nuestros servicios sociales. Burla a los valencianos es hacer creer que el Gobierno ha retenido ese dinero durante dos años. Si la liquidación se paga dos años después es por las reglas de juego que marcaron los socialistas y no por el antojo del Ejecutivo.

Y de chiste es manipular la realidad y decir a los valencianos que se está a punto de cumplir el déficit por el control del gasto y el impulso del ladrillo. ¿El ingreso de 1.680 millones de liquidación no tiene nada que ver? Invito a los lectores a leer el informe de la Airef donde se señala claramente que el escenario es mejor gracias a la mejora de la liquidación de 2015.

Reivindicar es legítimo, pero hay que huir de la crítica continua. Debemos romper la espiral del lamento y la negatividad sistemática y trabajar con un espíritu constructivo, inteligente y colaborativo por el bien de los valencianos. El Consell debe olvidarse de desarrollar estrategias partidistas y estar a la altura de lo que piden los ciudadanos. El Gobierno ha puesto en marcha la hoja de ruta comprometida: abrir el camino para el cambio de la financiación. Ahora depende de la voluntad de todos los partidos y de las distintas Administraciones que se llegue a buen puerto. Todos debemos tener altura de miras.

Como dijo uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, «la integración política, de la que la Constitución es instrumento, sólo es posible en democracia mediante la negociación permanente, el consenso sobre lo fundamental y el pacto frecuente».