Desde principios de siglo, los valencianos, de origen o residentes hemos estado inmersos en una lucha por medio de colectivos ciudadanos contra los abusos urbanísticos que se produjeron al entrar en vigor la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) en 1994, proceso que se desmadró por la codicia sin fondo de quienes intervinieron en él, llegando a su crisis en los años 2007/2008 con el desastre económico/financiero que todos conocemos, destruyendo el histórico equilibrio en la economía valenciana con las consecuencias que todavía padecemos. Es el principal causante de esta destrucción sin precedentes la figura del agente urbanizador creada en la citada ley, permitiendo que un especulador pudiese adquirir legalmente la capacidad de urbanizar un entorno donde mejor le pareciera sin poseer un solo palmo de tierra en él.

A mayor abundamiento, en la Lotup, ley aprobada en 2014 con Isabel Bonig como consellera de Territorio y Urbanismo, se estableció (artículo 179) que «los propietarios de solares están obligados a edificarlos en cumplimiento del plan, dentro de los plazos previstos, que en ningún caso pueden superar los seis años desde que fuera posible su edificación». Y se añadía en el artículo 184 que «el régimen de edificación forzosa legitima a cualquier persona física o jurídica para promover un programa de actuación para la edificación del solar, y en su caso la administración podrá acordar su venta forzosa en pública subasta, incluso contra la voluntad del dueño».

Según estos artículos, las escrituras de propiedad no son garantía de nada, ya que la Administración puede disponer de nuestras propiedades para adjudicárselas a cualquier especulador. Han conseguido cargarse con un par de artículos de una ley tercermundista 2.000 años de civilización, y todo sin molestarse en comprobar si la ciudad tiene cubiertas las necesidades habitacionales, o, lo que es peor, si tiene un exceso de viviendas vacías que no cubren ninguna necesidad como está pasando en la Comunitat Valenciana.

Después de un largo período de gobiernos conservadores que propiciaron leyes discriminatorias como la comentada, llegó un nuevo gobierno, del que esperábamos mucho, y entre lo esperado figuraba la derogación o en su caso la modificación de la Lotup, aún vigente. Y en efecto, la conselleria correspondiente ha presentado un Anteproyecto de ley de modificación. Pero con gran asombro por nuestra parte, el artículo 179 de la Lotup se modifica por el 52 del Anteproyecto de modificación, que establece que «si el plan no determinase el plazo de edificación, éste será de dos años desde que el terreno hubiese adquirido la condición de solar». Es decir, no se anula el artículo 179, sino que se reduce el plazo de edificación de seis a dos años; esto ya es fascismo puro.

Y se redondea cuando en el artículo 54 de la modificación se dice entre otras cosas que «efectuada la resolución (por la Administración) para la declaración del incumplimiento podrá iniciarse la ejecución forzosa mediante la aprobación de un programa de actuación aislada y la selección de un agente edificador». Esto es glorioso, se han sacado del sombrero otro agente -no ganamos para sustos- y con las mismas prerrogativas y privilegios que el agente urbanizador. ¿Habrá sido quizás para compensar a posibles grupos financieros por lo que hubiesen dejado de obtener con los famosos PAIs (urbanizaciones a dedo)? Es evidente que cuando el gobierno blasona de que la economía española está creciendo se refiere pura y simplemente a la movida especulativa propiciada por leyes especialmente diseñadas, que es la que atrae a esos grupos como la