La financiación de las comunidades autónomas (CC AA) es vital para el Reino de España y ahora, al sumarse la necesidad de dialogar con aquellos catalanes que, aunque incómodos no quieren dejar de ser españoles, el problema es crítico. Ayer, la comisión de expertos sobre el cambio de financiación dio a luz una hormiga, precisamente cuando necesitábamos asistir al parto de una reforma propia de un elefante con una mayor responsabilidad fiscal de las CCAA. El texto deja las cosas igual. El corolario es mantener unas CC AA más preocupadas en mantener su victimismo que en ayudar a construir un Reino de España federalmente viable.
En el documento no hay ni una supresión clara del fondo de suficiencia, esto es, de la rémora del status quo («no menos de lo que ahora ya me toca»), ni una ordinalidad diáfana (para saber qué aporta cada una a la redistribución), ni una nivelación parcial (que favorezca la responsabilidad fiscal de las CC AA), ni se encaja a los forales, etcétera. El consenso no ha sido posible y ha ocurrido lo previsible: detrás del santa Rita, Rita (el mantenimiento del status quo) aragoneses, cántabros, extremeños y riojanos; en favor de la nivelación total (y no solo de los fundamentos del Estado de bienestar), andaluces y castellanos; en contra de redimir deuda, madrileños y gallegos; pidiendo mayor solidaridad y proponiendo incluso nuevas variables para ello, asturianos y comunidades del sur. Son cosas que ocurren cuando se recurre a expertos algo mercenarios, representantes de la Administración que los ha propuesto. Todo parece indicar que muchos académicos han claudicado anteponiendo los intereses inmediatos de sus CC AA a los generales que deberían guiar la actuación de una verdadera comisión de expertos independientes. Todo ha quedado donde estaba, esto es en hablar de repartos, lo que significará indefectiblemente, para bien o para mal, la recentralización como solución última.
Aunque desde la Generalitat Valenciana se diga que sus enmiendas han sido recogidas, lo cierto es que sin poner más dinero en el cesto, ningún reparto salva a los valencianos. A tenor del informe, parece que la posición de su representante ha sido la de mantener la vía tradicional de financiación, basada en la estimación de las necesidades fiscales que deberían quedar reflejada en el reparto, y en tratar de obtener una quita de la deuda, cosa hasta ahora no conseguida.
Ninguna vocación de autogobierno y de asunción de responsabilidad fiscal queda reflejada. Discutir en profundidad sobre ello, sin victimismo y sin entreguismo al independentismo catalán, al parecer es demasiado. Lo allí decidido ha sonado a gloria a los independentistas confirmando el inmovilismo del resto de España. El siguiente párrafo escrito por el único discrepante es una muestra del acomodaticio conservadurismo del informe: «Todo ello (lo concluido por los expertos) se propone desde el convencimiento de que el modelo que perfila hoy la comisión no puede resolver el encaje de aquellas comunidades autónomas que desean una mayor autonomía fiscal, que creen que la discrecionalidad de la Administración General del Estado en estimar y transferir recursos es excesiva, a falta de mecanismos institucionales de participación autonómica efectivos (muchos ellos dejados en el limbo de lo que se debería estudiar a futuro) y de la indeterminación de una nivelación de la que no se conoce ni se han calibrado aquellas variables que, definidas, aproximadas empíricamente, ponderadas, monitorizadas en su evolución, y agregadas sintéticamente, concreten las supuestas necesidades fiscales que se apliquen a la población».
A pesar de todo, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, no oculta su alegría en las páginas de Levante-EMV: «Arranca uno de los mayores retos a los que se enfrenta la clase política y que marcará indudablemente esta legislatura. El informes supondrán el pistoletazo de salida para dar solución a un modelo, aprobado en tiempos del PSOE, que perjudica a la Comunitat». Al parecer, todo se reduce a un tema de partido, poco con un problema de Estado.
Recordaba el lunes que las CC AA tienen una deuda total de 280.000 millones de euros (el 53,5 % se debe al Tesoro) que la UE tiene ya apuntados al Estado. De ellos, Cataluña debe 75.000 millones, el 67,1 % de ellos al FLA (Valencia, 45.000 millones, 77,2 % computados en el FLA). El Estado podría mutualizar los 150.000 millones del FLA (51.000 catalanes y 35.000 valencianos) pero se necesitan tres requisitos:
1.- Que haya solidaridad entre CC AA para que se olviden las cantidades mutualizadas de cada una de ellas.
2.- Que la UE lo autorice
3.- Consagrar una regla que impida que, en pocos años, haya CC AA que traten de romper el sistema ya sea con amenazas de independencia o cualquier otro argumento para conseguir unas mejores condiciones.
Ni la primera de ellas ha sido posible, aunque se sepa que las deudas cantidades son tan grandes que sin la mutualización (¿quieren llamarla quita?) no habrá futuro para ellas. El documento es un puro optimismo académico, que acaba ocultando la verdad al resto de los españoles. Dicen que los niños pueden sentir dos tipos de optimismo, el llamado cómplice, que califica el sentimiento de una criatura que espera regalos y el optimismo condicional que corresponde al sentimiento de un niño que está pensando en construir una casa en el árbol de enfrente. Sin duda, los expertos se han decidido por el primero.
No es recibo crear una hormiga, cuando se necesita un poderoso y decidido elefante.
