Si un marciano hubiera aterrizado en el último mes en la Comunitat Valenciana y hubiera escuchado las quejas sobre el decreto de plurilingüismo de políticos del PP, sindicatos afines y padres de alumnos de la concertada habría llegado al convencimiento de que los niños valencianos castellanohablantes son una minoría perseguida que no puede desarrollarse por la presión de un Consell autoritario que impone un pensamiento y lengua únicos. El peligroso valenciano.
Las alharacas con que esta parte de la sociedad celebró la suspensión cautelar del decreto por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano harían pensar al visitante de Marte que unos valientes jueces han acabado con esa dictadura lingüística. Pero nada más lejos de la realidad en este mundo de la posverdad.
El decreto de plurilingüismo respeta los derechos fundamentales -conclusión del TSJ- y cumple con la Lomce. De hecho, la propia ley estatal fija que el mínimo de asignaturas que se deben ofrecer en la lengua compartida del Estado deben ser castellano y una materia no lingüística. El resto pueden ser impartidas en valenciano e inglés, como marca el decreto de Educación.
El único artículo del decreto que cuestiona la justicia es el referido a las acreditaciones lingüísticas automáticas de inglés y valenciano, que no entrará en vigor hasta 2024. La Lomce no censuran los porcentajes de enseñanza en valenciano, inglés y castellano y sólo plantean que debe haber una proporcionalidad. Pues vamos a las cifras: el 54 % de los centros ha optado por una preeminencia del valenciano y el inglés, mientras que un 46 % ha elegido mayoritariamente la educación en castellano y la lengua de Shakespeare.
De los 11 recursos para tumbar el decreto de plurilingüismo, dos lo avalan y nueve están pendientes de resolución. Es el de la Diputación de Alicante (del PP) el que ha conseguido su paralización cautelar aunque sin entrar en el fondo. De las once demandas ninguna ha sido realizada por el Ministerio de Educación, principal competente en España en la materia. Sí lo han hecho las APA católicas, VOX, los sindicatos CSI·F, Anpe y USO y varias plataformas que defienden el castellano en València (sic). Con estos protagonistas, resultará que la derecha es más plurilingüe en Madrid que en la Comunitat Valenciana.
