Poco antes de que se celebrasen las últimas elecciones autonómicas -por las que PSOE y Compromís con el apoyo de Podemos se hicieron con la Generalitat Valenciana-Mónica Oltra participó en un acto electoral en Alicante en el que al acabar alguien del público la preguntó cuando pensaba que se cambiarían los carteles en castellano de la autovía de Alicante a Madrid por otros en valenciano en caso de que la izquierda valenciana ganase las elecciones. Respondió de manera acertada Oltra cuando dijo que lo primero y más importante era que las familias comiesen y que cuando así fuera ya se vería lo del cambio de paneles y señales.

Con la paralización del llamado decreto del plurilingüismo ordenada por el TSJCV tras el recurso de la Diputación de Alicante en manos del Partido Popular presentado el 23 de mayo, que pedía su anulación y su suspensión cautelar hasta la resolución definitiva por el tribunal competente, el Consell presidido por Ximo Puig tiene ante sí el mayor desafío al que se ha tenido que enfrentar desde el cambio político que cumplió su segundo aniversario hace unas semanas.

Y decimos mayor desafío porque además de la esperada contestación ciudadana a todo lo que suponga la imposición en mayor o menor medida del valenciano o, cuando menos, de que exista entre una importante parte de la comunidad educativa la idea de que así se ha producido, hay que unir las protestas de los colegios concertados que ven reducidas sus aulas en beneficio de la escuela pública y, en tercer lugar, una clara voluntad de atemperar las intenciones políticas en materia de valenciano por parte de la máxima autoridad judicial de la Comunitat Valenciana, que ha llegado a pedir a la conselleria dirigida por Vicent Marzà el nombre del funcionario encargado de hacer cumplir el auto de suspensión del decreto de plurilingüismo.

Aunque el PP tiene pocas opciones de hacer una oposición creíble dada la corrupción total en que sumió a la Comunitat Valenciana durante sus veinte años de mandato así como por la deuda impagable que generó y cuya única solución posible es una quita, es sabido que la derecha es especialista en aventar la insolidaridad de los ciudadanos valencianos con temas como la inmigración o un caduco nacionalismo español. Pero esta circunstancia no debe ser un obstáculo ni una disculpa para que el Gobierno valenciano ponga en marcha un política lingüística que puede ser vista como revanchista a los años de ninguneo del valenciano por el Partido Popular.

Guste o no, el valenciano no es mayoritario en la Comunitat Valenciana. Es deber, por tanto, de la Conselleria de Educación encontrar el equilibrio entre una potenciación del idioma para que un número amplio de ciudadanos decida estudiarlo y hablarlo y, al mismo tiempo, una clara demostración de que no se impone su uso, para que con ello la derecha valenciana no tenga una disculpa para manifestarse en las calles.