10 de agosto de 2017
10.08.2017

La representatividad de la primera Diputación Provincial del Reino de Valencia (1812-1814)

10.08.2017 | 04:15

Desde el siglo XVI el papel político de las Cortes de los distintos reinos peninsulares fue disminuyendo en detrimento del poder real. Por ello la definitiva abolición de nuestros fueros en 1707 puede calificarse como el punto final de un proceso que venía gestándose. El antiguo Reino de Valencia se convirtió en una Intendencia dirigida por un Intendente nombrado por el Gobierno, en el que confluían las competencias políticas y militares.

La castellanización de nuestras instituciones trajo consigo la aparición en tierras valencianas del término "provincia", que en la vida diaria se equiparó al de reino e intendencia, por lo que hablar de la provincia de Valencia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX era hablar del territorio que correspondía al antiguo reino de Valencia.

Las revueltas de 1808 frente a las instituciones vigentes y al invasor francés desembocaron en la implantación de un Estado liberal que ponía fin al Antiguo Régimen mediante una monarquía parlamentaria, unas Cortes elegidas por los ciudadanos y una Constitución que implantaba la libertad de comercio, la igualdad ante la ley, un sistema impositivo que gravara a los más ricos€ y una innovadora organización territorial basada en la descentralización administrativa y el centralismo político a través de una nueva institución: las Diputaciones Provinciales.

Las Diputaciones han pervivido más de 200 años y como es comprensible los cambios en su composición, forma de elección y competencias han sido muy numerosos. Pero centrémonos en aquella surgida de la Constitución de 1812. Estaba compuesta por nueve miembros, siete de ellos diputados provinciales. Estos eran elegidos democráticamente en unas elecciones celebradas al día siguiente de las propias de los diputados a Cortes.

La filosofía que subyace en esta Diputación electa creada en 1812 es que si un Ayuntamiento constitucional era elegido por sus ciudadanos, la Diputación, Ayuntamiento de Ayuntamientos, también debía serlo. Por lo tanto esta Diputación fue escogida por los habitantes de aquella provincia-reino. Esto daba una enorme potencialidad federalista a esta institución a la que correspondía la defensa del interés local y toda propuesta de mejora y prosperidad del territorio valenciano.

Para contrarrestar este "peligro" las Cortes de Cádiz decidieron que las Diputaciones debían estar presididas por el representante del Gobierno en la Provincia, al que en ese momento se conocía como Jefe Superior Político, y que a las mismas debía incorporarse el representante de los intereses económicos del Estado, el intendente, que ahora carece de toda competencia política o militar.

Esta primera Diputación Provincial fue única para todo el antiguo Reino de Valencia, es por ello que no introdujo la distinción entre valencianos, castellonenses y alicantinos, que tanto daño ha hecho al sentimiento identitario valenciano, como ya han remarcado autores como Joan Fuster o Joan Francesc Mira, pues sólo existían valencianos.

Por unidad y representatividad lucharon en las Cortes muchos diputados valencianos como Francesc Borrull que se opuso a todo cambio en la denominación o límites de los antiguos reinos de la Corona de Aragón, alegando que esto quebraría el vínculo entre los habitantes de cada uno de ellos.

El enfrentamiento político fue arduo, como lo prueban las palabras del diputado Agustín Argüelles: "Las Diputaciones€ por su naturaleza han de tener una tendencia a usurpar más facultades que las que la ley les da, y podrían entorpecer la acción del Gobierno€ son elegidas por los pueblos para combinar la confianza y la accesibilidad de sus individuos con la subordinación al Gobierno, que se vale de éstas para la ejecución de sus órdenes. La representación nacional no puede ser más que una, y esta, refundida solamente en las Cortes, es la que únicamente puede expresar la voluntad de los pueblos; y así las Diputaciones provinciales no tienen, ni por su naturaleza pueden tener, ningún carácter representativo"
Finalmente vencerá la opción más centralizadora, en la que las Diputaciones dependían del Jefe Superior Político. Pero la de Valencia no se resignó y por ello luchó por instalarse en la tradicional sede de la Diputació del General de época foral, y también trató de sumar a otras Diputaciones a su visión del nuevo órgano provincial como una autoridad con capacidad de relacionarse con otras provincias y directamente con el Gobierno y las Cortes, sin necesidad del control previo del Jefe Superior Político de la Provincia, que era su propio presidente.

Así pues, esta provincia-Reino, o provincia-Comunitat en términos actuales, gobernada por la Diputación mantuvo el referente territorial de nuestra época foral y aunque su denominación fue Diputación Provincial de Valencia, ella se intitulaba como Diputación Provincial del Reino de Valencia, lo que prueba sus aspiraciones a no olvidar su historia foral. Hecho que desaparecerá con la definitiva división provincial posterior, a la que se deben las actuales provincias. Esto obligó a la creación de un nuevo concepto "la región", pero a diferencia de la Diputación nacida de las Cortes de Cádiz carecía de toda competencia, ni órgano que represente a esta entidad territorial, que es meramente geográfica. Por lo tanto puede afirmarse que desde la desaparición de esta Diputación Provincial inicial no hubo hasta 1982, con el nacimiento de la nueva Generalitat, una institución oficial que tuviera como referente territorial el conjunto de territorios del antiguo reino de Valencia.

Esta Diputación Provincial del Reino de Valencia fue suprimida, junta con las restantes del Estado, por Fernando VII el 15 de junio de 1814 dentro de su reimplantación del Antiguo Régimen que supuso el momentáneo fin del Estado Liberal y con él el del cambio político y del proyecto de prosperidad que había puesto en marcha. Curiosamente el monarca calificó a las Diputaciones como "no necesarias", lo que recuerda algunas de las declaraciones actuales sobre la continuidad de estos órganos provinciales.

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