Cada día que pasa, el Gobierno español alimenta la lista de motivos para participar en otoño en la manifestación que promueven la Generalitat Valenciana, empresarios, partidos, sindicatos y organizaciones sociales en demanda de una financiación autonómica justa que acabe con la marginación y la desigualdad en la asignación de fondos del Estado a la Comunitat Valenciana.
Esta semana ha sido el mismísimo presidente, Mariano Rajoy, quien incumpliendo su compromiso ha anunciado que este año tampoco se aprobará el nuevo marco financiero para las autonomías al entender que no hay consenso suficiente para abordarlo. Eso significa que la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, que ha elevado su deuda a más de 44.100 millones de euros, crecerá por ese aplazamiento otros 1.600 millones en 2018, 360 millones más de lo previsto, cantidad equivalente a lo que costarían las obras del «tren de la costa» con la conexión ferroviaria nueva entre Dénia y Gandia.
Pese a todo, el informe de expertos sobre las bases del nuevo modelo de financiación conocido recientemente deja motivos para la esperanza. No podía ser de otra manera. No se puede ir a peor. La Comunitat Valenciana volverá en 2018 a ser la última en asignación de recursos por habitante, con 2.128 euros per cápita; una cifra muy alejada (928 euros menos) de los 3.066 euros previstos para Canarias por cada ciudadano, precisamente al año siguiente de un pacto político suscrito por los nacionalistas del archipiélago, los vascos y Ciudadanos con los el Partido Popular para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
Los especialistas del grupo de trabajo para el nuevo modelo financiero consideran que lo que hay que garantizar son los servicios que constituyen lo que se ha dado en llamar el «estado del bienestar». Y ese marco pone al ciudadano en el centro del modelo: Sus necesidades en sanidad, en educación, en servicios sociales, en administración de justicia, etc. La configuración del estado autonómico desarrollada desde la Constitución de 1978 ha entregado a las nacionalidades y regiones la gestión del grueso de estos servicios, pero la cesión de competencias no ha ido siempre acompañada de los recursos ecomómicos para cubrir los gastos. Así, desde 2002 hasta 2016, la Comunitat Valenciana ha acumulado unos 15.000 millones de deuda directamente relacionada con la infrafinanciación de los servicios que presta a los ciudadanos. Ese crecimiento se debe al incremento de la población y al aumento de las atenciones sociales sin correspondencia con mayores transferencias. En este momento, prácticamente a las puertas de un estado federal, no se sostiene que la Administración central pueda dedicir en solitario cuánto se queda de la tarta de los ingresos y qué cantidades asigna a comunidades autónomas, ayuntamientos y otros entes. El poder político y económico que concentra el Gobierno de España (por ejemplo interlocutor único con la Unión Europea a efectos del reparto de cuotas de déficit en todo el sector público) no se corresponde ya con la realidad física y humana de la sociedad, con esa distribución de los ingresos blindada que marca que la mitad de los fondos es para el Estado y comunidades y ayuntamientos se reparten a medias el otro 50 %.
Este esquema de distribución debe ser sustituido por otro que asigne los recursos a las entidades que gestionan los servicios, y en ese nuevo marco el Estado ha de poner más dinero de su cuota. Sólo de esa forma se podrá resolver la ecuación para que todas las comunidades reciban más sin que ninguna pierda su posición actual. Y esa es la partida que se debe jugar sin que nadie pueda guardarse en la manga cartas de tutela infantiloide o ventaja electoral. Solo puede haber un motivo por el cuál el Gobierno abonó una cantidad relevante del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en junio de 2016 para cubrir gastos contraídos con proveedores y a estas alturas de agosto no se haya pagado a la Generalitat Valenciana la entrega análoga de 2017: el 26 de junio del año pasado había elecciones generales, y en la Moncloa alguien debió pensar que podía utilizar esa bolsa de dinero como elemento de ventaja electoral a beneficio del Partido Popular, un uso patrimonialista y perverso de los instrumentos del Estado, que en lugar de plantearse la quita de los 15.000 millones de euros de la deuda valenciana atribuible directamente a la infrafinanciación de los últimos años (como escribía acertadamente ayer en estas páginas el catedrático Joaquín Maudos) subraya las de sobra conocidas palabras de Montoro en el sentido de quien debe algo lo tiene que pagar.
En torno a la reclamación de una financiación justa y no discriminatoria para la Comunitat Valenciana, única región pobre que paga como una rica, ha existido hasta ahora un amplio consenso político. Pero el PP de Isabel Bonig acaba de darse de baja del grupo. Después de enfrentarse a los líderes de su partido instalados en la calle Génova de Madrid en asuntos como la refundación de la rama valenciana tras el tsunami de la corrupción; la petición a Rita Barberá del escaño de senadora que ocupaba o sus propios votos de protesta por la exigua asignación de presupuestos del Estado para la Comunitat Valenciana, la lideresa de la Vall d´Uixò se ha desmarcado de los actos reivindicativos del otoño. Considera que son innecesarios, que todo está encarrilado y que no conviene exagerar la nota, que lo de Cataluña empezó por acuñar el "España ens roba" y de ahí se ha llegado a la tensión actual. Pero su desmarque también se produce después de que Génova haya filtrado y alimentado que Bonig puede no ser la elegida como cartel electoral para 2019. El coordinador general del PP, Martínez Maíllo, aprovecha la mínima oportunidad para subrayar en público y en privado una cierta interinidad de Bonig, una líder autonómica recién elegida a la que el círculo de confianza de Rajoy en el PP retrata con pies de barro desde su cómodo mando a distancia.
