17 de agosto de 2017
17.08.2017

Una oportunidad para mejorar el control alimentario

17.08.2017 | 04:15
Una oportunidad para mejorar el control alimentario

La crisis de los huevos contaminados por el uso de un insecticida prohibido en las granjas de gallinas ponedoras, trae de nuevo a debate la capacidad de Europa para proteger la salud y los intereses económicos de los consumidores en el ámbito alimentario, y permite una reflexión sobre cómo mejorar algunas de las carencias del actual sistema de seguridad alimentaria. La Unión Europea acaba de aprobar el nuevo Reglamento 2107/625 que reestructura el control alimentario en Europa. El proceso de implantación y aplicación del mismo es una buena oportunidad para emprender acciones, tanto en el ámbito nacional como de las comunidades autónomas, para darle más solidez al control alimentario, disminuir sus debilidades y dar más protagonismo a los consumidores.

Centrando el análisis en España, desde mi punto de vista es necesario avanzar en los siguientes aspectos: 1) mayores controles en la producción primaria; 2) integración del fraude y la seguridad alimentaria; 3) evaluación permanente de la exposición de la población a los peligros alimentarios; 4) incrementar la capacidad de los laboratorios; 5) lograr un mayor compromiso con la seguridad y la calidad de algunos sectores y eslabones de la cadena alimentaria.

El grado de control y la implantación de los sistemas de autocontrol basados en el riesgo en el ámbito de las granjas y las explotaciones agrarias debe alcanzar los estándares exigidos y los niveles existentes en las otras fases de la cadena alimentaria. En necesario un nuevo enfoque en el que se dé mayor relevancia a los parámetros de seguridad frente a una visión en exceso productivista. Deben incrementarse, con rapidez, los estándares de frecuencia de control y grado de autocontrol habituales en otros eslabones de la cadena alimentaria.

El fraude sigue siendo la asignatura pendiente en Europa y España. El fraude no solo tiene consecuencias económicas, sino que cada vez es más evidente que puede tener repercusiones en la salud pública. Es necesario aglutinar los organismos responsables de la calidad y la seguridad alimentaria, y dotar al control del fraude de mayores y mejores medios. La implicación en este campo de las fuerzas de seguridad es imprescindible.

Aunque la mayoría de los alimentos no sobrepasan los contenidos máximos de contaminantes o aditivos legislados, hay una exposición de la población a estas sustancias a través de la dieta. Los estudios que evalúan esta exposición de la población a los peligros químicos son imprescindibles para conocer las tendencias temporales, valorar el resultado de las políticas de control y evidenciar las prioridades. En España, este tipo de estudios debe contar con un mayor respaldo por las administraciones competentes.

Existen muchos laboratorios de control alimentario en España, pero mal dotados, con poco personal y con una baja capacidad analítica. Se requiere una reforma en profundidad que garantice inversiones en tecnología punta, en personal, la ampliación de la capacidad analítica y las posibilidades de respuesta rápida frente a problemas urgentes y emergentes. Comparativamente, en la Comunitat Valenciana se ha avanzado bastante en este campo.

Aunque el nivel general es aceptable, en algunos ámbitos es necesario incrementar el compromiso de los operadores económicos con la calidad y la seguridad alimentaria. Son escasas las situaciones en las que una empresa haya comunicado a la Administración que sus autocontroles han detectado un problema de seguridad, y que van a retirar un producto del mercado (ocurre con frecuencia en Estados Unidos). Se abusa en algunos ámbitos de las etiquetas como mecanismo de marketing con menoscabo de la información clara y veraz al consumidor, o se es excesivamente creativo en el campo de la transformación de productos en detrimento de la calidad nutricional y la seguridad.
En la Comunitat Valenciana se viene realizando una gestión orientada a reforzar los controles en las líneas apuntadas. Aunque es indudable que todavía hay un gran margen de mejora, el compromiso de la Generalitat con la protección de la salud y la defensa de los intereses económicos de los consumidores en el ámbito alimentario es inequívoco.

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