El nuevo eslogan del Gobierno es «Todo por la seguridad». Lo ha descubierto el ministro de Fomento, el guaperas, por sí solo, sin ayuda del ministro del Interior o sin ayuda de la vicepresidenta (no sabemos por dónde para). El modelo de narciso en su opinión soltó «vamos a reforzar la seguridad». Todo para apuntalar los objetivos de una empresa llamada Eulen que, según los trabajadores contratados en El Prat, les explota de forma intolerable y tras dos meses de paros y reivindicaciones, no se ha movido mucho (en la oferta del mediador había 200 euros al mes, no crean, que a algún representante de Aena, empresa mayormente pública, considera que es aceptable, pero no dijo qué cobra él y cuál es su contrato, seguro, con blindaje).
Y desde el pasado lunes ya está la Guardia Civil reforzando al personal de seguridad. El argumento del ministro se cae por su propia base. Fue el Gobierno quien privatizó el servicio en 2015, siendo ministra Ana Pastor, ahora calladita, claro. Y ella fue la que hizo la operación de sacar las acciones y venderlas, esas que están dando un beneficio brutal últimamente. También fue ella la que sacó a subasta el servicio y la empresa de marras se lo quedó por una rebajita, en menos de 15 millones de euros que le dan de nuestro bolsillo.
Estamos en alerta 4, según nos dicen, desde hace muchos meses, desde los atentados de París (allá están en estado de excepción y el nuevo presidente, Macron, trata de amagar con una nueva ley de seguridad que incluye como normales medidas que hasta hace un año eran extraordinarias). En esa situación hemos pasado un año sin que en los aeropuertos se hayan reforzado las medidas de seguridad, hasta esta semana, porque estaban muy tranquilos con la empresa a la que se lo habían adjudicado, cuyos empleados se supone que han hecho un cursillo. A los números, voluntarios o mandados, les han dado un cursillo acelerado en dos días€.
La excusa para todo es que la situación incide en la imagen de España y repercute en el turismo, que es una fuente de ingresos clave, y que ellos cifran en un 13 % del Producto Nacional Bruto. Ignoro si es así, pero si vamos a sobrepasar los 70 millones de visitantes, y dejan tanto (no sé cómo miden lo que cada uno gasta, de media) no veo porqué se niegan a subir los sueldos a los empleados de hostelería y abusan tanto de ellos con contratos temporales, a media jornada y con jornada partida.
El argumento del ministro me hace reflexionar. Si para pedir aumento de sueldo hay que cubrir las plazas en un 90 %, se podría aplicar esa regla a hospitales, escuelas, oficinas de empleo€ Habría más médicos, más enfermeras, más maestros. Así no cerrarían plantas enteras de hospitales, o no estarían cerrados en verano los centros de salud tantas horas€ Pero hay otra solución que se puede aprovechar y es poner a la Guardia Civil a hacer de todo. Por cada empleado público un guardia civil, al lado, delante o detrás, como dijo Rajoy a Camps. Me dice un ama de casa, en la cola de la carne, que «no es lo mismo», que lo de la salud va en serio. Pues por eso.
Mientras escribo esto, el Gobierno celebra una reunión extraordinaria para decidir un laudo obligatorio. Los representantes lo llevan al Tribunal Constitucional. Tardará el veredicto. Que sea a su favor. Pero entonces, puede que el Gobierno no sea el mismo.
