Desde que conocimos su historia por los medios de comunicación, la mayoría de nosotros hemos sentido cierta empatía por la situación que está atravesando Juana Rivas, la madre granadina que está luchando por la custodia de sus hijos en un enmarañado proceso, que todavía se complica más con la nueva orden de entrega de los menores y la imputación de su entorno. A pesar de todo ello, no es bueno confundir un posicionamiento personal contra la violencia de género, sobre el que muchos nos identificados abiertamente, con un asesoramiento legal adecuado, el respeto al ordenamiento jurídico y la observancia de las resoluciones judiciales.

Una de las primeras conclusiones que podemos sacar, es que el ruido mediático no es buen consejero en este tipo de cuestiones, mucho menos cuando se pretende instrumentalizar a la opinión pública o a los partidos políticos respecto de unas determinadas decisiones judiciales, que nos pueden gustar o no, pero que indiscutiblemente se han adoptado respetando la legalidad vigente, los derechos de las partes y el interés superior de los menores.

En esa línea, y como bien ha señalado Jueces para la Democracia, en un comunicado hecho público el pasado jueves 24 de agosto, los tribunales españoles han llevado a cabo una «actuación diligente y proporcionada, con exquisito respeto a nuestro ordenamiento interno y los convenios internacionales». Así, y al margen de cualquier otra consideración, debemos recordar que lo único que se ha planteado en nuestros juzgados es el reconocimiento y cumplimiento de una resolución emanada de los tribunales italianos, así como la jurisdicción competente para conocer de un supuesto delito de violencia de género que no se ha producido en España. Con ello, y no habiendo acreditado la parte el riesgo para los menores, la única respuesta adecuada es la que se ha dictado, debiendo volver los niños al lugar donde se han estado criando y tienen su arraigo, que además se trata de un país de nuestro entorno democrático y europeo, siendo allí donde tendrán que resolverse las cuestiones civiles o penales que planteen los implicados.

Llegados a este punto, no sería justo terminar este análisis sin realizar una reflexión aplicable a otros supuestos parecidos, por cuanto además, siendo nuestra legislación una de las más avanzadas en la lucha contra la violencia de género, quizás nos corresponde a nosotros encabezar determinadas reclamaciones. De ese modo, y como también han señalado desde Jueces para la Democracia o la Asociación Española de Mujeres Juezas, se hace necesaria una revisión del Convenio de la Haya, en el sentido de que se atienda adecuadamente la realidad que comporta la violencia de género, ya que habiendo transcurrido 37 años desde su aprobación, parece necesario dar una protección jurídica y social más amplia a las mujeres y menores víctimas de esta lacra. Por esto, y sin tachar de arbitraria e injusta la normativa existente, sí que es indiscutible que la sociedad actual reclama una revisión que dé una respuesta más proteccionista en estas complejas situaciones.