El Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) aprobó el pasado jueves su anteproyecto de presupuestos para 2018, con 55 millones de euros, que remitió a Presidencia de la Generalitat Valenciana (GV) para su correspondiente incorporación a los Presupuestos del próximo ejercicio. Mas déficit para 2018 que en cuestión de meses será mas deuda y mas victimismo del Consell, ya que el propio consejo reconoce que en mejor de los casos solo va a ingresar 4 millones.
De estos 55 millones, casi 47 van a destinarse a Àpunt, la empresa pública que gestionará la nueva televisión, 20,3 serán salarios para los 469 trabajadores previstos. Una plantilla que va a superar a la de algunas televisiones privadas nacionales. Ello a pesar de que Ximo Puig hablaba de una reapertura modesta y viable. Evito comentar el apunte de Cristóbal Montoro guardado para cuando Puig le presente su memorial de agravios.
La CVMC exige a la GV, el Gobierno autonómico mas endeudado de España y no le duelen prendas en pedir, además, un incremento de 11 millones en el capítulo de 2017, dedicado a inversiones para poner en marcha toda los equipos técnicos, aún obsoletos y sin renovar. Al parecer hay muchas dudas que usando simplemente lo que queda en Burjassot, las emisiones vayan a ser técnicamente factibles. Aquí se cobra pero no se dice verdad.
Sin ninguna acritud es el momento de recordar que, aparte de futuras sentencias judiciales, todos los trabajadores recibieron su parte del ERE de RTVV. Ello no ha impedido que la CVMC haya negociado con los sindicatos (que saben distinguir entre una empresa privada y la magnanimidad de quien administra dinero público) las condiciones laborales de los trabajadores. El resultado unas razonables jornadas de 37,5 horas semanales y 22 días de vacaciones laborales, pero también seis de días de asuntos propios, los míticos moscosos funcionariales. La reflexión del ciudadano de a pie mas o menos perplejo es: ¿no hablábamos de la sucesora de una empresa salida de un ERE y que almacenó 1.200 millones que vamos a pagar todos los valenciano?
Nada que objetar a la tarea de los sindicatos, sean conservadores o se proclamen progresistas o nacionalistas, ya que su razón de ser es conseguir lo mejor para su gente. Una tarea no muy difícil esta vez, cuando han tenido enfrente como parte empresarial habitantes propios de las puertas giratorias, que también existen en las administraciones autonómicas.
Puig basó buena parte de su campaña electoral en el apoyo que le estaban dando los extrabajadores de RTVV. Recuerdo la víspera del 9 de octubre de 2014, invitado especialmente por el PSPV, en el Paraninfo de La Nau, para la presentación del candidato Puig a las elecciones del año siguiente, constatando como el tiempo cedido en el acto político a este colectivo fue sensible superior a la que el nuevo responsable del PSPV dedicó a presentar su programa. Casi tres años después todavía siento aquella humillación.
Ante los resultados de las bolsas de trabajo de la CVMC, hay que insistir en que tampoco los sindicatos están para aplicar baremos que distingan 'colaboracionistas' y 'trabajadores independientes'. No hay baremo capaz de distinguir entre experiencias profesionales bajo las órdenes de corruptos o de espíritus impregnados de la mejor profesionalidad. Cuando desde el poder se decide despertar a un monstruo nefando, nadie debe escandalizarse porque en algunas de ellas aparezcan varios responsables de gestión de la antigua empresa RTVV e incluso que algún procesado por la misma causa judicial en la que están procesados los cabecillas de la Gürtel y de un exvicepresidente del Consell y presidente de Les Corts. La responsabilidad no es ni de sindicatos, ni de baremos, sino de la aguerrida tropa que rodea al president, que ha decidido gobernar sin ninguna crítica de los medios. Ni el Consell, ni PSPV, ni Compromís pueden mostrar desagrado alguno. Ellos decidieron resucitar RTVV.
Tras aquellos cuatro lustros de ZOC (Zaplana-Olivas-Camps)que arrasaron a golpe de inmoralidad que ya tiene calificación penal, uno piensa, en contra de toda corrección política del progresismo valenciana, que el cierre de RTVV era imprescindible. Las formas administrativas y las impericias jurídicas de como lo hizo el Consell de Alberto Fabra son otro cantar, aunque todas ellas hablan muy mal de la impericia administrativa de los funcionarios de la GV.
Lo dicho hasta aquí en ningún caso puede justificar que este verano, en nombre del PP, Isabel Bonig quiera entrar en el debate con su conocido estilo de mezclarlo todo: "El proceso para la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión valenciana es una verdadera estafa y engaño a los extrabajadores, al sector audiovisual y a los valencianos". El PP debe callarse y pedir disculpas que al menos suenen sinceras sobre todo lo ocurrido en la época ZOC. Entonces RTVV era un conglomerado de políticos corruptos y empleados mercenarios que ponía en peligro el estado de bienestar de los valencianos.
El gobernante tiene una autoridad legítima fuera de toda duda. Incluso, en el límite, es dudoso hablar de autoridad moral en sus actuaciones, al menos hacerlo con la contundencia que acostumbra una parte de nuestra sociedad agrupada de forma tan liquida como en estos tiempos son los 'indignados'.
No obstante, uno reclama un cierto derecho a preguntarse si la autoridad moral que debe acompañar a cualquier ejercicio del poder democrático se esta deteriorando. El president tiene una buena ocasión para recuperar una autoridad moral que se la ha ido por el lado de la televisión. Basta decir que la GV no está para crear una nueva empresa pública deficitaria. Sin duda, algún plumilla o profesor de universidad, a cual más progre y nacionalista, lo amenazará. Sin embargo piénsese en congelar tanto CVMC como Àpunt. Gobernar no es fácil y menos teniendo que cambiar de opinión, pero una nueva RTVV no es lo más urgente para una GV en quiebra.
