Arabia Saudí, y de forma menos destacada otros países del Golfo, financia la propagación del wahabismo en el exterior desde los años sesenta, lo que incluye destruir la diversidad del islam. En términos generales, busca cambiar la identidad y costumbres locales por la radicalización extremista. Uno de los casos más paradigmáticos es Níger, que tenía una tradición sufí tolerante, y no ha podido resistir el embiste de una ingeniería financiera dirigida a los más vulnerables.
En 2007 la financiación exterior del wahabismo estaba estimada entorno a los 2.000 millones de dólares, diez años después se ha duplicado. El destino de fondos crece exponencialmente, y esto es algo que debería alarmarnos mucho. Por poner algunos ejemplos de ese crecimiento exponencial de la financiación wahabita, en Reino Unido financiaba 28 mezquitas en 2007, que diez años después han pasado a ser 110. En 2015 ofreció financiar 200 mezquitas en Alemania, bajo la excusa de prestar este servicio a los refugiados, que fueron los primeros en rechazarlo. La mayoría de combatientes en Siria son saudíes, unos 2.500. Es cierto que los refugiados, sobre todo sirios, tienen perfiles de haber sido una clase media estructurada, pero algunos venimos advirtiendo que, el modo en que Europa está tratando a los refugiados pudiera ser un caldo de cultivo para la radicalización si a largo plazo no se les da una salida más digna. Otro ejemplo de aumento exponencial de la financiación wahabita en África es Mauritania, que pasó de 60 a 900 mezquitas del año 2000 al 2010. En los Balcanes también ha habido una penetración en ciudades clave. En Indonesia, país con 250 millones de musulmanes, están formando a líderes religiosos. En Pakistán pasaron de 244 madrasas en 1956 a 24.000 en 2016. El 89 % de los musulmanes en España no cuentan con una enseñanza reglada del islam, y para otras ramas del islam es muy difícil competir con la maquinaria financiera wahabita.
Todos estos datos nos hablan claramente sobre la necesidad de controlar el material y los espacios educativos, la propaganda, la formación y el ejercicio de los imanes, y procurar en la medida de lo posible que no estén a sueldo saudí. También habría que plantearse, al hilo de lo ocurrido en Cataluña, que no se permitiera ejercer como imán a quien tenga antecedentes penales. Está más que demostrado que muchos terroristas, en especial quienes lideran al grupo, han estado antes relacionados con delitos menores.
Europa tendrá que controlar más los procesos de radicalización que optar por respuestas bélicas, y la paradoja de que estemos financiando programas y capacitaciones para la prevención del terrorismo en esos países a la vez que competimos con la financiación saudí. Recurrir a la guerra nos ha demostrado que lejos de garantizar nuestra seguridad la empeora, generando más respuestas vengativas, es incluso entrar en su juego de propagación del odio hacia occidente.
Dieciséis años de guerra en Afganistán han supuesto un gasto de 841.000 millones de dólares y que los talibán controlen el 63 % del país, más de 7.000 víctimas mortales internacionales y 31.419 afganos, sin contar los cientos de miles de heridos. El coste de la última guerra de Irak está estimado en 1,7 billones de dólares sin contar los gastos de los veteranos de guerra, y en 134.000 civiles muertos. Los gastos de la posguerra costarán a los norteamericanos 6 billones de dólares en los próximos cuarenta años. La participación española en esta guerra nos costó 260 millones de euros. El total de las guerras de Irak, Afganistán y Pakistán está cifrado en alrededor de los 4,4 billones, 272.000 muertes, 360.000 heridos, y 7,8 millones de refugiados.
Y todo esto no ha acabado con el terrorismo, es más, lo tenemos cada día más cerca. La amenaza terrorista yihadista no se gana haciéndoles la guerra, si no combatiendo el proselitismo wahabita a través de medidas financieras, educativas, con políticas sociales, integrativas, y con una política exterior que fomente el Estado de derecho, lo que implica que las potencias occidentales se decidan ya de una vez a aplicar con los países del Golfo el mismo modelo de cooperación internacional condicionada al cumplimiento de mayores principios democráticos y respeto a los derechos humanos, que se ha practicado antes con otros grupos de países, y que ni mucho menos ha hecho peligrar sus relaciones comerciales.
