12 de septiembre de 2017
12.09.2017
EL DEBATE | LA OFENSIVA SOBERANISTA EN CATALUÑA

El desproceso catalán

12.09.2017 | 00:46
El desproceso catalán

Decía Nietzsche que algún día la historia la escribirían los médicos, ya que la locura es la regla general que marca los dictados de grupos, partidos políticos, pueblos y épocas, y a pesar de ello, los historiadores nunca habían hablado de la misma. Esta irrefutable afirmación resulta aplicable a todo lo que está sucediendo con el llamado proceso soberanista catalán, que esta semana pasada ha tenido uno de sus puntos álgidos con la aprobación de la convocatoria del referéndum y la ley de ruptura con España.

La CUP, con el beneplácito de Junts pel Sí, se ha convertido en un exigente e incómodo aliado de Carles Puigdemont, habiendo llevado este proceso a una situación absolutamente irracional. De ese modo, todo lo que nos está llegando en los últimos tiempos desde el Parlament de Catalunya, podemos calificarlo como queramos, pero indiscutiblemente no cumple ninguno de los estándares democráticos mínimos que cabe exigírsele a cualquier actuación de nuestros gobernantes. Y esto es así porque se está vulnerando reiterada y sistemáticamente uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la democracia, como es el principio de legalidad. Por ello, es bueno recordarles que las instituciones democráticas se deben a la ley, y encuentran su legitimación a partir del acatamiento de ésta. Como afirmaba Alexis de Tocqueville, «sin el respeto a los derechos, ninguna nación tiene futuro», y en nuestro caso, Junts pel Sí y la CUP están subvirtiendo el ordenamiento jurídico autonómico, nacional e internacional, teniendo secuestrada toda una sociedad por sus delirios secesionistas e inconstitucionales.

Está siendo de tal gravedad lo sucedido en Cataluña, donde incluso se coaccionan ayuntamientos, funcionarios y ciudadanos a participar de esa ilegalidad, que ha recibido la denuncia contundente del Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Ministerio Fiscal, todas las asociaciones representativas de jueces y fiscales, la patronal y sindicatos mayoritarios, los partidos de la oposición con sus distintos matices, el presidente del Parlamento Europeo y los países democráticos de nuestro entorno.

Por ello, no debemos caer en la trampa de quienes afirman que estamos ante una cuestión política y no jurídica, puesto que en el momento en que se está conculcando la legalidad vigente, no cabe duda de que el debate se ha situado inexorablemente en la esfera judicial. Como señaló Mariano Rajoy en su intervención del pasado jueves, incluso la Constitución puede reformarse, y corresponde a los grupos políticos tomar esa iniciativa, pero ha de hacerse desde el respeto máximo al Estado de Derecho, dentro de las reglas de juego democráticas que nos hemos concedido y sin imposiciones.

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