El referéndum independentista del 1 de octubre es visto, desde el Estado, (como es normal) como un desafío a la legalidad y al ordenamiento vigente, que intenta romper España. Por parte de los independentistas catalanes, la iniciativa se vende como un auténtico sueño: la oportunidad de crear un nuevo país, sin las rémoras inherentes a la malvada España, que contará con todas las ventajas y ningún inconveniente (pues, por misteriosas razones, las mismas autoridades españolas que no consienten ni siquiera negociar un referéndum o un cambio de status para Cataluña consentirán en ceder pacíficamente todo lo que sea menester a las nuevas autoridades de la Cataluña independiente).
Sin embargo, si hacemos abstracción de todo lo que se nos dice que está en juego y del lenguaje solemne con el que se anuncian medidas y contramedidas, la verdad es que la manera con la que se están manejando ambos bandos en conflicto se antoja bastante chapucera. Los independentistas, que comenzaron la cuenta atrás hacia el referéndum con su impresentable pleno parlamentario organizado para aprobar leyes exprés, acreditan constantemente una percepción de la realidad harto peculiar.
Una realidad en la que, como se ha mencionado, pueden poner ellos las normas del referéndum y las condiciones de victoria, y en donde los demás actores habrían de limitarse a asentir. Y donde, además, instrumentalizan con triunfalismo cualquier declaración de cualquier personaje que les apoye, como Julian Assange (antológica la referencia del fundador de WikiLeaks a «Pancho Sánchez», es de suponer que en sustitución de Sancho Panza); aunque se trate de apoyos deleznables, como lo es contar con el apoyo de Arnaldo Otegi, que está paseándose por Cataluña para hablar de democracia y libertad frente a la imposición totalitaria (él, precisamente él). Los independentistas tampoco tienen empacho en tergiversar, o directamente inventarse, declaraciones en apoyo de su causa de personajes que en principio se alinean en esto de parte del Gobierno español, como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; o en difundir noticias que presentan un Estado opresor autoritario que -por fortuna- está muy lejos de parecerse, por ahora, al nuestro, con hitos como la cuenta de Twitter de TV3 manipulando la interpretación de un auto del TSJ catalán que difundía una decisión del Tribunal Constitucional (para TV3, el auto prohibía informar a la televisión pública catalana, cuando lo que realmente prohibía era difundir propaganda institucional del referéndum).
Todo esto dibujaría un escenario idóneo para que el Gobierno central, sin hacer apenas nada, diera por finalizado el incidente, por la vía de permitir que el referéndum alcanzase su destino natural: una aplastante victoria de síes con escasa participación y nulas garantías. Es decir: una patochada. Por desgracia para Rajoy (cuyo plan, sin duda, consistía en no hacer nada), hay mucha gente en España, ciudadanos normales y gente en puestos de poder y responsabilidad, que piensan que habría que hacer algo para pararles los pies a los independentistas; que éstos han de sufrir en sus carnes todo el poder del Estado.
Y vaya si lo están sufriendo: el Estado se maneja, desde hace unos días, como en él es habitual: el desafío a la legalidad está siendo respondido por una oleada de decisiones judiciales y del propio Gobierno que buscan dificultar la realización del referéndum y castigar a los que colaboren en su consecución. Legalmente impecable; quizás incluso razonable si se trata de defender la legitimidad del Estado frente al aventurerismo de los independentistas; pero manejado con suma torpeza: registros a medios de comunicación y a imprentas para buscar papeletas, citaciones a la mayoría de los alcaldes catalanes, cierre del sitio web del referéndum (reabierto en cuestión de minutos en otras ubicaciones fuera del alcance de la administración española), ... una chapuza que rivaliza con la chapuza que es el referéndum independentista, que está contribuyendo no poco a que éstos, que hasta ahora eran casi universalmente ignorados, comiencen a recibir una cobertura mediática más afín por parte de los medios extranjeros.
Una chapuza que, además, evoluciona de forma preocupante hacia una lógica en la que cualquier cosa, por cualquier procedimiento, es legítima si se hace invocando la necesidad de parar el referéndum. Y eso incluye cercenar la libertad de expresión, de manera absolutamente intolerable en un país democrático, con la excusa de que los actos convocados (en Madrid, en Gijón, y en otras ciudades españolas) buscan hacer propaganda del referéndum.
Este tipo de decisiones, poco meditadas y mal ejecutadas, muestran que el Estado, contrariamente a lo que llevan meses diciéndonos, está improvisando sobre la marcha, y que no tiene nada parecido a un plan a medio plazo. Está claro que al independentismo le vale cualquier pretexto para hacerse las víctimas, pero sería deseable que el Estado no le pusiera las cosas tan fáciles.
