Pasado el ecuador de la legislatura, el Consell de la Generalitat ha elegido el debate de política general de esta semana en las Corts Valencianes para presentar sus proyectos hasta el final del mandato. Y esas propuestas incluyen algunas novedades, muchas buenas intenciones y especialmente sonoras rectificaciones del rumbo en relación con los dos primeros años del Govern del Botànic.
La construcción y reforma del parque de infraestructuras escolares no funciona, siendo como era una de las prioridades del tripartito. Va mal, como ha ido siempre. Los gobernantes del Partido Popular crearon la empresa pública Ciegsa para agilizar los trabajos de renovación de colegios e institutos aprovechando su condición de sociedad anónima y en un momento determinado (puede que en el principio mismo) algo se torció y la firma se convirtió en una tapadera de comisiones y corrupciones y en una generadora de sobrecostes (mil millones de euros en el momento en que dejó de operar, ya con la administración actual). La solución acabó siendo el problema y los tribunales pondrán nombre a los responsables del desaguisado.
Aparcada Ciegsa y enviada su gestión a los juzgados, en enero de 2016 el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra puso en marcha su proyecto de renovación de equipamientos docentes con los objetivos de la eliminación de los barracones y el fortalecimiento de la enseñanza pública. Sobre la mesa se colocaron 482 millones de euros para construir 124 colegios, entre ellos los 24 que tenían a la totalidad de sus alumnos en módulos prefabricados. Pero todo se atasca. Los programas llegan a duras penas a la mitad de la ejecución y no es por un problema de dinero sino por capacidad de gestión.
El Banco Europeo de Inversiones acaba de comunicar a la Generalitat que no se moleste en pedirle más dinero mientras no haya gastado el que le dio y finalizado la fase anterior del plan. El BEI envió 500 millones para colegios en 2002 y otros 650 en 2008. La administración autonómica tenía que aportar cantidades idénticas y avanzar en la construcción y reforma del parque, pero los resultados de aquel programa, aún hoy, son paupérrimos. La firma de los contratos de adjudicación de obras de los colegios 103 de València y Cremona de Alaquàs más de dos años después de llegar al gobierno, cuando ambos eran prioridad absoluta, no es solo una buena noticia, es un piloto rojo de alarma por ineficacia.
Así las cosas, la conselleria que dirige Vicent Marzà ha decidido intentar enderezar el rumbo confiando a los ayuntamientos la solución. Ellos harán los proyectos, los licitarán, supervisarán las obras y el acabado y cuando todo esté listo, llave en mano, la Generalitat pagará la factura con intereses. Ese es el esquema de aplicación de los 500 millones para obra nueva y 200 para reformas que anunció el presidente Puig desde la tribuna de oradores el pasado miércoles.
Hasta el alcalde socialista de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios, Rubén Alfaro, se salió de la tribuna de invitados al pleno para telefonear a su interventor y preguntarle si eso puede hacerse. Con rapidez, un asesor gubernamental le tranquilizó asegurando que las cantidades que tengan que adelantar los ayuntamientos no computarán como deuda.
La inexperiencia de muchos equipos políticos en la gestión y un funcionariado escaso, envejecido por la falta de renovación y atemorizado por las consecuencias civiles y penales de sus actos, están detrás de este agarrotamiento que sufre la administración. Porque si en Educación hay cambio de estrategia, en Servicios Sociales se anuncia revolución. El área que gestiona directamente Mónica Oltra ha decidido elevar de 18 a 450 el número de valoradores de la dependencia y crear seis equipos más para discapacidad. Más que una promesa es una confesión. Otra prioridad que está atascada en unos números que son la pesadilla de la vicepresidenta y de los ciudadanos con derecho a esos servicios.
Como todo gobierno que se precie, el del Botànic ha utilizado los primeros dos años para poner en marcha sus proyectos más rompedores, los que más le definen y también los más polémicos. Eliminación de copagos, libros de texto gratis, plurilingüismo, rescate de concesiones sanitarias, reducción de conciertos con la enseñanza privada y otras actuaciones conforman el haber del Consell, junto con su lucha infatigable por la reparación de la injusticia de la infrafinanciación y la infrainversión del Estado en la Comunitat Valenciana, que recibe 119 euros por habitante y año, la cifra más baja de España.
Pero esos apuntes en el haber no garantizan el éxito. El tripartito se ve en la necesidad de buscar ahora objetivos físicos, en tres dimensiones, como avanzar en la línea T-2 del tranvía de València, el túnel de Serra Grossa para el TRAM en Alicante, o una conexión aérea Castelló-Madrid (¡ay!) para el aeropuerto que fue del abuelito y hoy es de la Generalitat. En 2019 la pugna con Isabel Bonig y el PP será a cara de perro y la lideresa ya ha enseñando los dientes recordando al ‘Titanic’, como ella les llama, que de 54 promesas del debate del año pasado el gobierno solo ha cumplido 11. La oposición lleva la cuenta. Y los ciudadanos, también.
Los rascacielos desatan una tormenta en València
Primero fueron las torres previstas en los bordes del Parque Central y ahora el hotel-rascacielos proyectado para la dársena del puerto de València. Podemos y su marca municipal en la capital del Turia, València en Comú, han irrumpido con fuerza y voz contestataria en la política municipal tras las vacaciones de verano y la sustitución de Jordi Peris por María Oliver la segunda tenencia de alcaldía y el liderazgo de la formación morada en el consistorio. El parque que se construye sobre la mitad de la que fue playa de vías de la Estación del Norte se ha situado en el centro de una polémica alimentada por activistas violetas y verdes que no comparten por un lado que haya que costear la zona ajardinada con rascacielos en los bordes y, por otro lado, un diseño con poco verde y muchas naves de obra (almacenes, centros culturales, edificios para aperos...) El primer debate llega un poco tarde para rebatir un plan de financiación adaptado a los compromisos contraídos en el proyecto de la paisajista Gustafson. El segundo se ve abonado por la visión, ciertamente inquietante, de las obras del jardín desde el paso elevado de Giorgeta. Cabe esperar que los árboles tapen las bocas, como ya ocurrió en el Jardín del Turia. La fractura en la Marina se presenta más grave. El hotel no saldrá adelante si En Comú mantiene sus reservas, y Compromís y el PSPV cuentan con él para activar la dársena.
