La pugna entre el Estado español y el amago de Estado catalán, que el primero pretende justamente abortar, Constitución en mano, alcanza cada día que pasa proporciones más grotescas.
Leemos ahora que se perseguirá judicialmente a los más de setecientos alcaldes catalanes que han declarado su voluntad de cooperar en el referéndum de independencia si no acuden a declarar como se les ha exigido.
¿Veremos pues a todos esos alcaldes sacados por la fuerza de sus Ayuntamientos y obligados a presentarse ante el juez, debidamente escoltados por números de la Guardia Civil?
¿Serán todos ellos inhabilitados y también encarcelados si se empeñan en trabajar a favor de la celebración de un referéndum que la justicia española ha declarado con toda la razón ilegal
¡Menudo espectáculo que ofrecerá el país a los medios extranjeros! Seguramente sería la mejor propaganda para los independentistas.
¿Asistiremos, por otro lado, a partir de octubre a una campaña de desobediencia civil a lo largo y ancho de Cataluña? ¿Hay cárceles suficientes para encerrar a los potenciales insumisos?
Resulta innegable que los muñidores del "procés" han demostrado en todo momento una enorme habilidad para aprovechar el malestar social entre la población y convertirlo en catalizador de su proyecto independentista.
Y frente a la radicalización de los separatistas sólo hemos tenido hasta el último momento pasividad por parte de un Gobierno liderado por un político convencido de que, como él mismo ha dicho, "cuando no se sabe a dónde ir, lo mejor es quedarse parado".
¿No hay nadie entre sus obedientes subordinados que se haya atrevido a regalarle algún ejemplar de "El Príncipe", del gran florentino?
Frente al chantaje y las continuas presiones de los más furibundos independentistas, frente a su abierto desprecio de quienes no piensan como ellos, sólo hemos visto inútiles apelaciones a la razón y a la justicia, una justicia que sabemos politizada, hasta que se desbordaron finalmente las aguas.
Acaso lo más sorprendente de este espectáculo, al menos visto desde fuera, es la poca, por no decir nula, visibilidad de esa otra mitad de los catalanes que no quieren despertarse un día convertidos en ciudadanos de otro Estado.
Sabemos que los líderes independentistas no han encontrado fuera el apoyo que esperaban con sus torticeras apelaciones al "derecho a decidir".
Hemos escuchado al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, explicarle en una carta a una eurodiputada que violar la Constitución española es violar el marco legal europeo.
Pero ¿es eso suficiente? ¿Hemos acaso oído a los principales Gobiernos europeos decir otra cosa que lo que sucede en Cataluña es "un asunto interno" de España?
¿Es ésa toda la influencia de nuestro Gobierno en la UE? ¿No habría que exigirle responsabilidades?
