Seamos claros: lo primero que debe suceder es que se restablezca el principio de legalidad constitucional en Cataluña. Y eso no es fácil ni cómodo ni grato llegado al grado de enfrentamiento que se ha llegado entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat catalana. Por otro lado, ninguna constitución europea, no digamos la americana, recoge artículo o adicional alguna en el que se contemple el ejercicio por una de las partes de su territorio el derecho de autodeterminación, que es lo que se oculta con la expresión «derecho a decidir». Esto es lo básico, amén de los sesudos análisis ya llevados a cabo por muchos en estos días respecto a las responsabilidades políticas del choque de trenes entre España y Cataluña, mejor dicho, entre el gobierno español y el independentismo de Junts pel Sí y la CUP catalanes; que no son ni con mucho, claro, toda Cataluña.
Seguramente -la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, lo reconoció así- no se hicieron las cosas excesivamente bien desde el PP con la tramitación en el Congreso del Estatuto catalán de 2006. Si se hubiese llegado a algún tipo de acuerdo con el PSOE y el entonces grupo catalán de CiU las cosas serían hoy mejores. Pero el afán irrevocable y desmesurado de desgastar al gobierno Zapatero llevó a esa confusión, no menor que la del propio Zapatero con el nefasto pacto del Tinell que mandataba a la entonces oposición al PP a establecer un cordón sanitario en torno al partido del gobierno que evidentemente sólo contribuyó a exacerbar los ánimos en sus sectores más extremados. Pero eso es la historia. Aunque conviene recordarla para saber de dónde venimos y por qué razones se han sobrepasado todos los límites razonables.
Una vez, pues, restablecido el principio de legalidad algo habrá que pensar políticamente sobre Cataluña. Porque claro que existe un problema político con Cataluña: el que nace de la conjunción de su pragmatismo nacionalista burgués con una renovada ansia de afirmación nacional en este momento nada encubierta, aunque el Govern de Puigdemont haya partido en dos la sociedad catalana para muchísimos años. Y la gravedad de lo sucedido es histórica. Probablemente unas nuevas elecciones autonómicas devuelvan otra, o similar, composición del Parlament. Después de ellas habrá que pensar con sosiego. Y lo deberán hacer todos: la Generalitat catalana, Gobierno de España, PSOE y quien quiera apuntarse a la clase de meditación y reflexión. Que deberían ser más algunos más.
¿Y los valencianos? ¿Qué pierde o gana la Comunitat Valenciana con este embrollo histórico? De momento, a nosotros nos interesa mantener las mejores relaciones posibles con Cataluña. Desde el punto de vista económico, nuestros más grandes empresarios ya se han manifestado al respecto incluso con matices no excesivamente convenientes dado el momento de enorme tensión política que está viviendo España. Exportamos e importamos cantidades muy importantes de Cataluña. Consiguientemente, no es discutible nuestro interés en el mantenimiento del statu quo.
Desde el punto de vista político, a la Generalitat Valenciana le interesan las mejores relaciones posibles con la Generalitat de Cataluña. Por proximidad, por cercanía histórica, por compartir cosas de enorme valor, cultura, lengua e intereses políticos y económicos tales como el corredor final del Mediterráneo y la apertura a la Europa de la vieja Corona de Aragón que a ambos nos afectó como recordaba el lunes en un artículo especialmente brillante el profesor Eduard Mira bajo el suculento título de Un model hispànic per a les Espanyes. Un abrazo desde aquí, Eduard y felicidades por la inteligencia de tu texto.
¿Cabe una vía valenciana mediadora entre Cataluña y el Estado una vez restablecida la legalidad constitucional en Cataluña? Naturalmente. Y sería estupendo que así fuere y así se desarrollase. Esto no anula en absoluta a la Comunitat Valenciana. Todo lo contrario, le da también un innegable relieve político y aún histórico. Esto último sólo lo entenderán algunos, pocos que en esta bendita tierra conocen algo su historia.
La Comunitat Valenciana debe sostener su absoluta singularidad, aquella que nuestro Estatut establece, en todo y para todo. Pero sin olvidar que ni somos Cuenca, con todo mi respeto para Cuenca, ni Albacete, con todo mi respeto para Albacete. La Comunitat Valenciana es una «nacionalidad histórica», entre otras cosas porque así lo establece nuestro Estatut, y mira que costó que lo estableciera, y la historia de nosotros, los valencianos. Y desde esa doble perspectiva creo que sí tenemos por delante una clara funcionalidad política de intermediación futura entre el Gobierno y Cataluña, por un lado, y no deberíamos quedarnos fuera de ningún modo de la reforma constitucional que, sin lugar a dudas, se pondrá en marcha de un modo u otro tras el restablecimiento del marco constitucional en Cataluña.
Dejemos a un lado definitivamente los espantajos de nuestra transición. Los antis de cualquier tipo y condición y miremos hacia el futuro con la fuerza que nos proporciona la sensatez ,la prudencia, el momento político y la historia que nos constituye y que nos hizo los sujetos políticos más importantes del Mediterráneo. Manca finezza en nuestra actual política y sobran jabalíes en casi todos los partidos y en casi todas las partidas. Recuperemos el seny y el trellat, nos va un futuro en ello.
