Hace algo más de dos años publiqué este este diario un artículo titulado La Garantía Juvenil no garantiza nada. Concluía haciendo una llamada de atención a la Administración para que adoptase medidas más favorables para potenciar el empleo de los jóvenes: mayor información y colaboración con los agentes sociales, mejor publicidad de todas las acciones pro-empleo; e incentivar programas como las escuelas-taller dirigidas a jóvenes desempleados.

El último informe del Observatorio Social de la Caixa -Paro juvenil y pobreza ¿Un problema estructural? (abril de 2017)- advierte de que «las políticas activas de empleo y en particular la aplicación de la Garantía Juvenil (GJ) no está obteniendo los resultados esperados». En este informe, la profesora Almudena Moreno señala como causas de esta situación: el perfil heterogéneo de los jóvenes desempleados y las dificultades de los servicios públicos de empleo (SPE) para llegar a los jóvenes que más podrían beneficiarse de ella. Desde el Observatorio insisten en el hecho de que hay escasa visibilidad de las campañas publicitarias entre la población joven; así como «una limitada capacidad administrativa, presupuestaria y de personal que tienen los SPE para llegar a los jóvenes en España». En nuestro país, los jóvenes que se encuentran en paro con una formación limitada e inactiva son los que menos participan en el programa Garantía Juvenil; todo lo contrario que en países como Finlandia, Italia, Dinamarca, Suecia o Portugal, donde conocen las iniciativas europeas de la Garantía Juvenil para combatir el desempleo, según este mismo informe.

En 2013, el Consejo Europeo adoptó el acuerdo de poner en marcha la GJ con el objetivo de garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años (en España se amplía hasta los 29 años) reciban buenas ofertas de empleo, educación continua, formación de aprendizaje o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación reglada o al quedar desempleado. La Comisión Europea fija la creación de empleo para los jóvenes como un objetivo clave de su política de cohesión, apoyada tanto por el Fondo Europeo de Desarrollo regional (Feder) como por el Fondo Social Europeo (FSE).

Pero todo esto tiene plazos: la aplicación de la Garantía Juvenil se inscribe en el marco de la Estrategia Europea Juventud. En España, comenzó a implementarse con retraso, en 2014. El 80 % de las acciones de la GJ se ha financiado a través de la Iniciativa Europea de Empleo Juvenil, con una asignación de 943.496.315 euros para el período 2014-2020, fecha esta última en la que finaliza la Garantía Juvenil. Pónganse las pilas los gobiernos nacional y autonómico porque hay plazos y mucha necesidad entre nuestros jóvenes. Los últimos datos de Eurostat (2017) sitúan en España una tasa de paro juvenil del 40,5 %, la segunda más alta de toda la UE. Los jóvenes ya no pueden seguir esperando.