Vivimos tiempos convulsos en el desarrollo territorial de España. El órdago independentista en Cataluña confronta radicalmente con el intento recentralizador del Gobierno de España. Estas apuestas finalmente se unen por los extremos impidiendo que los procesos democráticos y sensatos en esta materia puedan fructificar. A nadie se le escapa que nuestra Constitución de 1978, por cierto la más longeva de todas las que han existido en nuestro país, necesita de una reforma en profundidad, sobre todo en el Título VIII.
Nuestra constitución consagró la idea de la asimetría territorial desde el inicio, reconociendo la existencia de nacionalidades y regiones, haciendo una distinción que pudo servir en un momento determinado de nuestra historia democrática pero que difícilmente sirve para estos momentos. A la vez estipuló unos niveles competenciales de difícil comprensión y sumidos en una permanente reivindicación de incremento competencial que durante estos cuarenta años de vigencia aún no se ha culminado. Todos estos factores nos llevan plantear alternativas que sirvan de reflexión para el futuro más inmediato.
A mi entender, sería necesario abordar una reforma de la Constitución Española en aras a mejorar y clarificar la relación territorial del Estado con las comunidades autónomas. Esta reforma pasaría por el establecimiento de un Estado federal completo, similar a Alemania o al más avanzado Estados Unidos. El primer gobierno de Zapatero lo intentó tímidamente propiciando la reforma de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas con la premisa de consenso en el propio territorio y el respeto a la Constitución. Este intento fue interpretado como café para todos por aquellos que veían sus privilegios territoriales y financieros en peligro; no siendo suficiente, fue un avance. Sin embargo, quedó pendiente la segunda fase imprescindible para el éxito de la propuesta que era una reforma de la Constitución que diera paso a una verdadera autonomía de las comunidades autónomas avanzando hacia un Estado federal completo.
La propuesta que a mi entender debería ser abordada pasaría inevitablemente por la reserva expresa en la Constitución de las competencias del Estado, bien definidas en el texto, de forma que las que no se reserven al Estado sean de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. De esta forma se finiquitaría la reivindicación permanente en cuanto a las competencias de las comunidades autónomas, las cuales abordarían con total solvencia los grandes pilares del Estado del bienestar, como la educación, la sanidad, los servicios sociales y la totalidad de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos.
A la vez, este Estado federal conllevaría la consiguiente corresponsabilidad fiscal por parte de los Estados miembros, de forma que cada comunidad autónoma recaudaría sus propios impuestos para hacer frente a la prestación de los servicios públicos que ofrecen a sus ciudadanos. La corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, además de gestionar la recaudación de los impuestos en su territorio, abordaría así mismo la persecución del fraude fiscal. Con el objetivo de reequilibrar la solidaridad entre todos los ciudadanos del Estado español, se aportarían recursos entre todos a un fondo estatal solidario para garantizar que no existan grandes diferencias en cuanto a los servicios públicos que reciben todos los españoles. La mejora de los servicios públicos a prestar por las comunidades conllevaría una mayor presión fiscal ejercida en cada una de ellas. Con esta reforma, que supondría un proceso descentralizador de gran magnitud, se incrementaría la autonomía de los territorios de España y a la vez solucionaría en este caso a nuestra comunidad la infrafinanciación a que nos tiene sometidos el Gobierno de España.
El sistema territorial actual ya no sirve, no podemos tolerar que continuemos por este camino insolidario e injusto, donde el Estado recauda y luego distribuye de forma arbitraria e injusta, con una falta permanente en inversiones estructurales que merma nuestra capacidad de desarrollo económico y lastra nuestro futuro. Así como con un sistema de financiación que poco o nada tiene en cuenta el nivel de desarrollo competencial que en estos momentos ostentamos los valencianos.
En definitiva, reforma de la Constitución necesaria, avance hacia un Estado federal, clarificación competencial, descentralización de la recaudación tributaria, corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y fondo de reequilibrio territorial. Estas serían, a mi entender, las claves de la reforma constitucional que abordaría los graves desequilibrios territoriales existentes en la actualidad y que propiciaría una menor desafección de los que habitamos en comunidades autónomas injustamente tratadas por el Gobierno del Estado.
