Es cierto que el jefe del Estado, en el ordenamiento jurídico español, tiene una función fundamentalmente institucional, de representación del Estado, y de moderador en las cuestiones y litigios políticos que se suceden en el devenir del país. Pero tal función, deja de ser exclusiva cuando la situación político-social se torna tan peligrosa como en el intento de golpe de Estado del 23-F; o como ahora, con la escalada de desobediencia y acoso sistemáticamente programada del independentismo-izquierdista-pseudoanarquista catalán. Nueva forma de golpe de estado donde se organiza desde el poder autonómico una coalición público-privada con cierto poyo empresarial medio y pequeño, para derrocar el sistema democrático, con unas previsibles consecuencias más bien catastróficas para todos. Ya lo dijo Lenin, «el izquierdismo es la enfermedad del comunismo», y yo añadiría, que también de la democracia.
Esta situación de aberrante unilateralidad, desprecia absolutamente a más de la mitad de la población catalana no independentista, según las últimas elecciones autonómicas; y es radicalmente contraria al Estado democrático de derecho, al no respetarse las normas establecidas legalmente para la modificación del entramado legislativo. Vulnera flagrantemente la Constitución, cuyo texto, para más inri, contiene todos los derechos universales habidos y por haber: derechos humanos, sociales, libertades de todo tipo, derechos económicos, incluida la planificación económica, etc., y está ahí esperando que nuevas fuerzas democráticas y progresistas con sentido común, ganen unas elecciones para ejecutar sus mandatos, especialmente los derechos más sociales.
Por consiguiente, ya era hora de que alguien, al más alto nivel jerárquico, efectuara una declaración que pusiera las cosas en su sitio, y a su literalidad me remito. El discurso es conciso y directo. Se deja sentado quien ha roto el orden democrático establecido y el programa de actuación para restablecer el ordenamiento jurídico quebrado por los dirigentes autonómicos. El discurso que glosamos del Rey, supone un itinerario de acción para el gobierno central, a fin de cortar la fuga hacia delante del presidente de la Generalitat, Puigdemont, y del vicepresidente Junqueras, así como la presidenta del Parlamento catalán, todos ellos cargos oficiales de primer nivel y principales responsables de un presunto delito de sedición. Todos ellos van de mitin en mitin, arengando a las masas para que éstas salgan a la calle y tomen de hecho el poder, en una actuación coordinada contra todas las instituciones catalano-españolas. Ningún estado europeo hubiera permitido una mínima parte de lo que ha tolerado el gobierno español, cuya actitud hay que calificar, al menos de indolente, siendo moderado.
Ante el tremendo riesgo que existe para nuestra democracia, sustentada en la excelente Constitución de 1978 (difícilmente se conseguirá otra mejor en el futuro), hay que pensar en la organización inmediata de una gran manifestación apartidista, silenciosa, y sin banderas, en todas las grandes capitales españolas, con el único objeto de defender la integridad territorial del Estado, la convivencia, la igualdad y la solidaridad entre todos los ciudadanos de esta gran nación llamada España.
