El rey Felipe VI invocó a los poderes del Estado para que restauraran el orden constitucional en Cataluña y se desató sobre las cabezas de los sediciosos la mayor tormenta que se recuerda. Los rayos esta vez no eran blancos, sino rojos, del color de los valores bursálites que caen, y de la forma de las flechas quebradas que se precipitan sobre el eje de las abcisas cuando los indicadores económicos atisban un peligro.
Sociedades que hasta el momento se tenían por dignas de figurar en la bandera del soñado país han hecho más contra la independencia en 48 horas que todo el Estado en años de inmovilismo y ceguera. Decía Artur Mas que los bancos no solo no se irían de Cataluña, sino que se pelearían por permanecer en caso de independencia. Se ha quedado con un palmo de narices, como buena parte de la burguesía catalana que contribuyó a la forja de imperios económicos que desde mañana pagan sus impuestos en València, Alicante, Palma... ¡¡o Madrid!!
La salida de grandes corporaciones en busca de seguridad jurídica y económica es, por el momento, el más duro revés al independentismo en una semana vertiginosa, plagada de envites, órdagos y no pocos excesos. Todo el mundo habla de diálogo y algunos hasta de mediación, pero en el minutero que se puso en marcha cuando se abrieron las urnas hace siete días ni una sola de las actuaciones de los distintos agentes ha servido para suavizar la tensión social, para rebajar el suflé. El desafío inconstitucional e ilegal del Govern de Puigdemont; el envío de la fuerza del Estado a impedir el referémdum por las bravas; el acoso de los «indepes» a policías y guardias civiles; la manipulación mediática sin rubor; el mensaje de un monarca que prefirió sacar la espada flamígera del ´Santiago y cierra, España´ que aparecer como el árbitro que la Carta Magna diseña para su figura; la solicitud por dos de las partes en conflicto de una mediación a dos cardenales y un abad, reflejo medieval que solo puede causar sonrojo en un país aconfesional al que no le dejan ser tal pese a que la sacrosanta Constitución así lo establece... Una sucesión desgraciada e inútil de golpes de efecto, fracasos sonados y sentimientos exacerbados en busca de un fin, cada uno el suyo, sin importar los medios ni las víctimas.
El por ahora último capítulo, el traslado de bancos y empresas para ponerse al resguardo del paraguas de la Unión Europea, tampoco contribuye a reparar la brecha social que se ha abierto entre personas, instituciones y territorios. Al Sur del Ebro se jalean los traslados como victorias propias, y el desánimo cunde entre las otrora apretadas filas de los independentistas. Se dice que hay cuatro o cinco diputados del PdeCat que se desmarcarán de la declaración unilateral en el pleno del Parlament de la próxima semana, y que las grietas en la zona que un día se llamó CiU son las que han provocado el retraso de la sesión, amén de que salen más votos del Sí que votos en sí en el «referéndum». Así las cosas, comienza otra semana sobre el precipicio, que se presume igual de tensa que la que concluye, o más.
En la Comunitat Valenciana se vive con la sensación de subidón la llegada de la banca catalana. Primero el Sabadell a los territorios de lo que fue la CAM, y después Mediolánum y Caixabank, que se instalará en la sede de lo que fue el Banco de Valencia, vendido por un euro en los tiempos del saqueo. No hay duda de que la configuración de una nueva «city» financiera, con tres de los cinco bancos más fuertes de España (Bankia ya tiene su sede en la ciudad del Turia) abre una perspectiva nueva, un guiño de optimismo y confianza después de una década en el infierno.
Pese a que desde Cataluña se subraya que el cambio de sedes no implicará ni la mudanza de la máquina de café, los traslados representan importantes ingresos fiscales de orden municipal y autonómico, movimientos de directivos y altos ejecutivos con elevado poder adquisitivo y, lo que es más importante, un espaldarazo público y una apuesta por una comunidad que lleva demasiado tiempo en el ojo del huracán de la corrupción y el descrédito. En un momento en el que la imagen internacional resulta más importante que nunca para atraer capital e inversiones, la elección de la Comunitat Valenciana, que compite con Madrid con un brazo atado a la espalda porque en la capital del Estado se practica el «dumping» fiscal, implica un triunfo real y una inyección de moral.
Con todo, conviene no olvidar que este subidón que vive la sociedad valenciana tiene su base en el conflicto del vecino. Es una lluvia inesperada que, lo mismo que llega, puede marcharse. El 70 por ciento de las corporaciones que se fueron de la región canadiense de Quebec en la efervescencia independentista nunca regresó, pero eso no es una regla escrita en piedra. La Comunitat Valenciana es la que tendrá que ganarse a pulso, con el esfuerzo de todos, la medalla de la permanencia de quienes ahora son recibidos con los brazos abiertos y abren una expectativa inesperada de actividad financiera y empresarial.
El gobierno de Ribó recibe un suspenso en el ecuador del mandato
El gobierno municipal que hace algo más de dos años quedó constituido tras el llamado Pacto de la Nau, en la ciudad de València, parece haber perdido la flor que ha llevado este tiempo en la solapa. La encuesta que Levante-EMV ofrece hoy sobre la valoración de la gestión y los líderes en las tres capitales valencianas tiene como conclusión destacada una más que notable caída de la nota que los ciudadanos ponen al equipo que dirige Joan Ribó (Compromís) con la colaboración de los socialistas de Sandra Gómez y los Comunes de la nueva portavoz, María Oliver.
La movilidad de Grezzi; la batalla permanente de Fuset con el sector más conservador de las Fallas o la desesperante lentitud de las actuaciones en el Cabanyal se apuntan como posibles causas del retroceso de un gobierno que trabaja sin apenas oposición por la situación interna del PP y la soledad de Fernando Giner en Ciudadanos.
